Arraiján y Veracruz cierran filas en defensa del cerro Cabra

La dirigente de Veracruz, Esperanza Mena, asegura que hay unas 50 peticiones para establecer canteras en el cerro, de las cuales siete tienen estudios de impacto ambiental aprobado. Dijo que la comunidad no permitirá que se instalen.

"Nosotros ya no queremos conversar con personal de la Autoridad Nacional del Ambiente ni del Ministerio de Comercio e Industria, queremos una cita con el presidente [de la República] Ricardo Martinelli quien en reiteradas ocasiones ha dicho que su alianza es con el pueblo”, manifestó Esperanza Mena, dirigente de la comunidad de Veracruz, con relación a la oposición de los residentes a una concesión para la extracción de minerales no metálicos, específicamente roca, en diversos sectores del cerro Cabra.

Mena dijo que existen unas 50 peticiones de empresarios que quieren establecer canteras en cerro Cabra, de las cuales hay siete con estudios de impacto ambiental aprobado para posibles extracciones de piedra de cantera, algo que los moradores "no van a permitir".

Debido a que en cerro Cabra se encuentran ubicadas tuberías que abastecen de agua potable a más de 20 mil habitantes que no están conectados al sistema de suministro del Instituto de acueducto de Alcantarillado Nacionales, los residentes de Veracruz y Arraiján cabecera se han unido a los concejales, la Defensoría del Pueblo y el alcalde de Arraiján, Manolith Samaniego, para evitar la extracción de material del cerro.

“Con mucha preocupación vemos que se quieren hacer canteras de su forro y nosotros no vamos a permitir esa situación”, afirmó Mena en declaraciones a Telemetro Reporta.

INCONSISTENCIA EN EL EXPEDIENTE

Según el abogado de los quejosos, Víctor Martínez, quien presentó una denuncia penal este miércoles, 11 de julio, en contra del ministro de Comercio e Industria Ricardo Quijano por la posible comisión del delito de abuso de autoridad, “nadie leyó el expediente que otorga 429 hectáreas de más a la empresa Cantera del Istmo S.A".

Martínez afirma que en el contrato se entregan 501 hectáreas basándose en un estudio de impacto ambiental aprobado por la Anam en febrero de 2011, para el cual se hizo una consulta ciudadana -mediante una encuesta- a 10 personas que dicen vivir en el corregimiento de Arraiján y no en el corregimiento de Veracruz.

Además, dice, el contrato fue refrendado por la Contraloría General de la Nación el 18 de junio de 2012 a pesar de las inconsistencias y el estudio de impacto ambiental fue autorizado sin tomar en cuenta que la encuesta no se hizo en la comunidad afectada. “Él [el ministro Ricardo Quijano] tiene la obligación y la responsabilidad de ejercer su función con responsabilidad”, agregó Martínez.

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