Régimen de Asociación Pública-Privada, a primer debate

Según el proyecto de ley, a través de la APP los gobiernos pueden proveer servicios públicos requeridos por la sociedad más allá de las disponibilidades presupuestarias.

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional empieza este martes la discusión en primer debate del proyecto de ley No. 349 que crea el régimen de Asociación Pública-Privada (APP) que busca involucrar al sector privado en la provisión de infraestructura y de servicios que han sido tradicionalmente suministrados por el gobierno.

Estas asociaciones, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, permitirán al  gobierno proveer de infraestructuras y servicios públicos necesarios. Según el ministro, esto no afectará los límites de déficit establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, se indicó en un boletín de prensa.

Según el proyecto de ley, a través de la APP los gobiernos pueden proveer servicios públicos requeridos por la sociedad más allá de las disponibilidades presupuestarias. Los pagos efectuados por el gobierno  iniciarán una vez que el sector privado ha construido y preste el servicio requerido por la población. 

Para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estas son alianzas contractuales entre el sector público y el sector privado en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos y tecnología del sector privado, y se distribuyen riesgos y recursos con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar y mantener una  infraestructura pública para la provisión de servicios públicos. 

El proyecto de ley establece como condiciones para la celebración de una APP de infraestructura,  que el monto del contrato debe ser mayor de $5 millones, el periodo de prestación de servicios deben ser entre cinco y 25 años, y la contraprestación pública en forma de compromisos firmes y contingentes cuantificables, no debe representar más del 60% de la remuneración del contratista.

En tanto, con los proyectos de prestación de servicios, el plazo del contrato debe estar entre cinco y 25 años. Los servicios que se presten deberán justificarse mostrando que se logran mejores estándares de calidad, se disminuyen los costos y se cumplen de manera más eficiente los objetivos institucionales, y la prestación del servicio debe hacerse con los activos que el contratista: construya sobre un inmueble propio, de un tercero o del sector público; o, provea  por sí mismo, por un tercero o por el sector público, dentro de una infraestructura existente.

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