JUICIO POR DIVULGACIÓN DE CORREOS

Herrera: ´El sistema de justicia está secuestrado´

La jueza se acogió al término de 30 días que le concede la ley para dar su veredicto. La dirigente del PRD insiste en que es inocente.

La jueza primera municipal, Yorlenni Fruto, se acogió al término legal de 30 días para decidir si condena o no a la dirigente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, acusada por el presidente, Ricardo Martinelli, de la supuesta comisión del delito de inviolabilidad del secreto.

El juicio a Herrera –realizado en una sala con capacidad para unas 20 personas– se inició ayer a las 9:10 a.m. y terminó poco después del mediodía.

Herrera es acusada por divulgar varios correos electrónicos en los que el presidente Martinelli y el italiano Valter Lavítola –con arresto domiciliario en su país– intercambiaban información relacionada con los millonarios contratos suscritos entre Panamá y el grupo Finmeccanica.

El otro imputado en este caso es el italiano Mauro Velocci –presidente del consorcio Svemark, que construiría las cárceles modulares– y que fue declarado “reo rebelde”, por lo que está pendiente de ir a juicio.

Velocci se encuentra en Italia y es el principal testigo de la Fiscalía de Nápoles, que en 2011 comenzó las investigaciones en el caso de corrupción internacional en el que está acusado Lavítola y se menciona al mandatario Martinelli.

´SOY INOCENTE´

Una vez empezó el juicio, Herrera se declaró inocente y al solicitar la palabra no ocultó su descontento por el lugar en que se llevó a cabo la audiencia, ya que lo consideró “humillante”.

La excandidata presidencial reiteró haber recibido los correos electrónicos de Velocci e hizo énfasis en que solo se divulgó información referente a contratos públicos del Gobierno panameño con Finmeccanica, sin tratar temas personales.

“Pareciera que se quiere ocultar la verdad, la vinculación de funcionarios panameños con actos de corrupción”, dijo Herrera, quien estuvo acompañada de más de una docena de abogados.

“No estoy enfrentada a cualquiera, sino al Presidente de la República... el sistema de justicia está secuestrado, hay injerencia del Ejecutivo”, destacó la dirigente opositora, al señalar que divulgó la información contenida en los correos por tratarse de contratos públicos.

PIDEN CONDENA

Por su parte, la personera tercera municipal, Edna Morales, pidió la condena de Herrera asegurando que no estaba autorizada a divulgar los mensajes.

Explicó que en el proceso no se debatía el contenido de los correos, sino el actuar de Herrera al divulgarlos y señaló que la acusada fue “mal asesorada” por su defensa.

Según Morales, Herrera debió acudir a las autoridades competentes a poner la denuncia y no hacerlo en los medios de comunicación.

En tanto, Jaime Montero, abogado del gobernante Martinelli, indicó que Herrera sacó provecho político al divulgar el contenido de los correos electrónicos, toda vez que en ese momento era precandidata a un puesto de elección popular.

De acuerdo con el jurista, Herrera se “apoderó” y divulgó información sin ser autorizada por el presidente Martinelli ni Lavítola.

“Aquí no se discute el contenido de los correos, sino el manejo de esos 67 e-mails”, sostuvo.

DAÑOS Y PERJUICIOS

Montero también afirmó que por la acción de Herrera, el mandatario sufrió perjuicios y daños morales.

En ese sentido, aseguró que el Presidente tuvo un “desgaste físico” porque periódicamente salió a aclarar en público este tema y hoy paga los servicios de un abogado.

Mientras, Rodolfo Pinzón, abogado de Herrera, alegó que Martinelli se opuso a que la Fiscalía Séptima [que en principio comenzó la investigación] le hiciese una inspección ocular a su computadora para confirmar la validez de los correos electrónicos.

Agregó que esa diligencia era fundamental para probar la veracidad de los correos, pues adujo que en los procesos penales que incluyen documentos en copias, se deben validar con los originales.

Añadió que la declaración de Lavítola llegó en italiano y la traductora del documento al español [funcionaria del Ministerio de Gobierno] no se ratificó ni se juramentó ante la fiscalía.

De acuerdo con Pinzón, en el cuestionario Martinelli no respondió si había sido perjudicado con la divulgación de los correos y, por ende, no se probó el daño causado.

Por ello, dijo, pidió la nulidad de esas dos pruebas –las copias de los correos y la declaración de Lavítola– al no ser idóneas y una sentencia absolutoria para su defendida.

 ´No he cometido delito´

Siete abogados ocupaban la mesa de ocho puestos en la casa del barrio Ancón. Balbina Herrera completaba el óvalo. Vestida de negro escuchaba atenta las recomendaciones de los juristas para estar preparada al momento en que la juez primera municipal, Yorlenni Fruto, le diera la palabra en el estrado. A las 9:00 a.m. enfrentaría a Jaime Montero, abogado del presidente Ricardo Martinelli, quien la acusa de violar sus comunicaciones. Además de los abogados, se congregaron Diamantina Araúz, su madre; su hermana Juana y su hijo Virgilio Periñán, a quien más adelante la juez regañaría por el uso del celular.

Esta vez no la acompañó el secretario general del Partido Revolucionario Democrático, Juan Carlos Navarro. Sin embargo, afuera del juzgado, el apoyo de los perredistas no faltó. Pancartas reclamaban la inocencia de la mujer que en 2009 se enfrentó, sin éxito, a Martinelli en las urnas. Ya en el juicio ella insistió: “Soy inocente, juez. No he cometido delito alguno”. Y al salir expresó: “No me arrepiento de lo que hice”.

Eduardo Mendoza

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