ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Los temas pendientes del pacto por la Justicia

El acuerdo propone una reforma para cambiar el sistema de escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros puntos.
Pie de foto LA PRENSA/Credito. Pie de foto LA PRENSA/Credito.
Pie de foto LA PRENSA/Credito.

La reactivación del Pacto de Estado por la Justicia tiene el propósito de debatir una ley de carrera judicial y el sistema penal acusatorio, declaró ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado.

Ayú Prado y el mandatario Juan Carlos Varela anunciaron que el pacto, firmado en 2005 por los presidentes de los tres poderes del Estado, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la sociedad, será reactivado.

Durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), este acuerdo social fue totalmente desatendido y las entidades encargadas de ejecutarlo no sostuvieron ni una sola reunión.

El pacto fue firmado durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), con el fin de reestructurar y modernizar el sistema judicial, a partir de un escándalo de corrupción que sacudió a la Corte Suprema de Justicia.

VARELA APOYA

“Sí se va a reactivar”, dijo por su lado Varela, tras apoyar una convocatoria que formuló la semana pasada el Colegio Nacional de Abogados para revivir el pacto.

El presidente indicó que ya conversó con algunos magistrados de la Corte para retomar el tema en los próximos días y convocar a todos los entes que firmaron el acuerdo.

TEMAS A DEBATIR

Mientras tanto, Ayú Prado detalló ayer que en los próximos días enviará una comunicación formal al Órgano Ejecutivo, para solicitar que se retome el convenio.

Explicó que la iniciativa surgió el pasado jueves durante la reunión del Consejo Judicial, que está integrado por los tres presidentes de las salas de la Corte, la Procuraduría de la Administración, la Procuraduría de la Nación, el Colegio Nacional de Abogados, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

El magistrado explicó que el propósito de convocar el pacto es discutir la carrera judicial y el sistema penal acusatorio.

Agregó que también se pretende “tratar de mejorar el concepto de rezago y la corrupción judicial, que es la percepción que hay en el Órgano Judicial”.

“Con una buena administración de justicia, vamos a mejorar el desarrollo económico”, dijo el presidente de la Corte.

REACCIONES

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, consideró positiva la respuesta de Varela y del presidente de la Corte de retomar los compromisos con la justicia.

Reconoció que espera que el gobierno de Varela no fracase en su intento por cumplir con el pacto, porque hay muchos temas que abordar para el mejoramiento de la administración de justicia en Panamá.

Recordó que gobiernos anteriores fracasaron en su intento de retomar el cumplimiento del tratado.

Para Álvarez es fundamental abordar el tema de la carrera judicial, porque no se puede administrar justicia con funcionarios cuyo nombramiento depende de lo que diga su superior jerárquico.

Recomendó aprobar una ley de carrera judicial en la cual los nombramientos sean por méritos, y los aspirantes a un cargo sean evaluados por sus conocimientos con respecto a lo que están aspirando.

INCUMPLIMIENTOS

Un informe de la Alianza Ciudadana Pro Justicia revela que la mayoría de los 30 puntos que se acordaron en el Pacto de Estado por la Justicia no se ha cumplido. (Ver tabla).

El decreto de autorregulación para la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es el primer punto establecido en el acuerdo, está pendiente de cumplimiento.

El convenio plantea que el Ejecutivo presentaría a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reformar el sistema de escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Actualmente, el artículo 200 de la Constitución establece que el presidente de la República junto con el Consejo de Gabinete nomina a los magistrados de la Corte y la Asamblea Nacional los ratifica.

Durante la administración pasada, la sociedad civil denunció que fue excluida en su totalidad del debate para la escogencia de los magistrados de la Corte a pesar de que el entonces mandatario Martinelli prometió en campaña cambiar el sistema de elección.

La aprobación del Código Penal y del Código Procesal Penal fue uno de los puntos del pacto.

LOS RESPONSABLES

Por otro lado, corresponde al Órgano Judicial cumplir 19 de los 30 puntos del pacto. (Ver gráfica).

El Ejecutivo, la Procuraduría de la Nación, la Procuraduría de la Administración y la Asamblea Nacional también tienen responsabilidades en el tratado.

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