Todos dicen sentir dolor. Muchos solo pueden dormir tres horas y algunos tienen lagunas mentales. Otros hasta sueñan con la muerte.
Ellos son los rostros del envenenamiento masivo que ocurrió en la Caja de Seguro Social (CSS) durante el año 2006. Hoy, 10 años después de esa tragedia, el drama sigue vivo y las defunciones no se detienen.
De hecho, cada año mueren entre 20 y 25 personas que en el año 2006 consumieron medicinas contaminadas con dietilenglicol, una sustancia que se emplea como refrigerante para automóviles, y que es mortal para los seres humanos.
Mientras, los que sobrevivieron al envenenamiento atraviesan por un calvario. Los niños y adolescentes han tenido que abandonar la escuela, los pacientes en edad productiva no trabajan por problemas de salud y los adultos mayores están condenados a no salir de sus hogares, porque muchas veces pierden la memoria.
El último paciente fallecido este año fue Margarita Hernández, una adulta mayor que quedó con una severa deficiencia renal, luego de consumir uno de los cuatro fármacos contaminados hace una década. Estos eran: los jarabes expectorante sin azúcar y difenhidramina, y los ungüentos calamina y pasta al agua.
Hernández falleció el pasado 13 de septiembre de 2016, y su hija, Josefina Altafulla, aún la llora. “Fue a buscar salud a la Caja de Seguro Social y encontró la muerte”, sostiene la mujer residente en Santa Ana.
En este envenenamiento masivo, Altafulla , además de perder a su madre, también perdió a su hermano Andrés en el año 2006, cuando las autoridades de la CSS detectaron que habían mezclado dietilenglicol con medicinas en su clausurado laboratorio de producción.
Durante estos años, a Josefina Altafulla le tocó ver cómo su progenitora sufría debido a las secuelas de la intoxicación: dolor, insuficiencia renal, problemas pulmonares y anomalías nerviosas. “Mi mamá resistió bastante. Estuvo dos meses hospitalizada antes de morir. Todo por consumir ese jarabe maldito que le recetaron por presentar un simple resfriado”, se lamenta.
La señora Hernández aparecía como la paciente número cinco en la lista de los considerados “positivos” por el Ministerio Público, es decir, poseía la receta médica y los frascos de los medicamentos adulterados, así como problemas renales y nerviosos. Estos eran los dos criterios que tomaban en cuenta las autoridades para diagnosticar a los intoxicados.
Aunque luego, solo bastaba con que la persona presentara frascos y recetas.
Néstor Sosa
Director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
Las terroríficas cifras oficiales actualizadas hasta 2015 apuntan a que se presentaron 2 mil 298 denuncias por envenenamiento a pacientes, de los cuales 670 marcaron positivos a los dos criterios. De estos, 434 siguen vivos y 236 fallecieron en los últimos años.
Mientras, también hay 956 pacientes que marcaron positivo solo al criterio relacionado con presentar las recetas y los frascos. Los expertos aún realizan estudios para comprobar cuántos de estos últimos merecen estar dentro de los considerados positivos para recibir una pensión de 600 dólares al mes.
Aún en 2015, por ejemplo, aparecieron cuatro positivos luego de detectar que tuvieron acceso a los medicamentos y fueron afectados. Esto, según datos suministrados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
LA TRAGEDIA SILENCIOSA
Agilio Díaz, vecino de la comunidad de Monte Oscuro, en el distrito de San Miguelito, está solo desde el año 2009 cuando su amada Raquel Bravo de Díaz murió.
Ambos tenían 54 años de matrimonio, cuando aquel 24 de abril de 2009 la mujer dejó de respirar mientras reposaba en su habitación. “Yo tengo miedo de ir al Seguro Social”, sostiene el hombre.
El viudo manifiesta que cuando su esposa consumió el jarabe en 2006 y detectaron que fue envenenada, les informaron que se mantendría con vida por unos 10 años más, pero solo logró permanecer tres años. “El diagnóstico médico falló, y nos dijeron francamente que el problema no tenía cura”, explicó.
Cuenta que el 23 de abril de 2009 completó 54 años de unión matrimonial, pero en la madrugada del 24 de abril, cuando se acercó a su esposa, quien estaba sentada en la cama, ella le dijo que se sentía mal.
“Me estoy muriendo’ fueron sus últimas palabras. Ella murió en mis brazos”, señaló Agilio Díaz, quien ahora tiene 85 años e intenta conformarse solo con los recuerdos de su inseparable compañera.
Para Gabriel Pascual, presidente del Comité de Familiares de Víctimas por el derecho a la Salud y la Vida, las defunciones son frecuentes en este grupo de personas. “Nos dan más valor para defender nuestros derechos”, añade el dirigente, quien perdió a su padre en esta tragedia nacional.
Precisamente, el Comité que preside se reúne todos los martes para evaluar cómo están los pacientes, si hay nuevas muertes, o posibles acciones a tomar. Allí se organizan para reclamar la atención de las autoridades, tanto las judiciales como las de Salud.
No obstante, reconoce que sienten temor antes de cada encuentro, porque saben que les toca enfrentarse a un escenario doloroso: alguien ya no estará en su silla, porque dejó de existir.
Pascual subraya que como Comité también manejan sus cifras, pues están más cerca de los pacientes que las autoridades. Usó como ejemplo el caso de Margarita Hernández de Altafulla, quien murió en septiembre pasado. “Nosotros sí la tenemos registrada como fallecida, mientras que las autoridades aún no. A veces, nosotros somos los que le informamos al Ministerio Público”.
Los datos numéricos del Comité sobre los envenenados difieren un poco con los del Ministerio Público.
Sus cifras hablan de que en 2006 fueron repartidos 220 mil envases con medicinas contaminadas, a través de 11 mil recetas. Esos fármacos llegaron a 16 mil 100 personas, de las cuales sobreviven unas 3 mil 500.
De allí la conclusión de este grupo de que al Ministerio Público llegaron casi 3 mil denuncias formales. Aunque aclaran que de los más de mil 500 certificados como positivos, unos mil 100 están cobrando la pensión vitalicia, porque el resto ha muerto en los últimos años.
El Comité defiende sus números, planteando que tiene capítulos en todas las provincias del país, incluso en las comarcas indígenas, donde muchas veces no han llegado las autoridades. “Las comunidades indígenas no presentaron denuncias, y allá fueron muchos los intoxicados”, acotó Pascual.
LOS NIÑOS ENVENENADOS
Esta tragedia también alcanzó a niños y adolescentes. Eilyn Gómez ahora tiene 17 años de edad, pero cuando se reportó la tragedia apenas tenía 7 años. Durante su niñez y adolescencia, en lugar de jugar o asistir al colegio, como cualquier otro infante, ha transcurrido entre visita a los hospitales y miedo a morir. “Ella ha tenido sueños con la muerte”, señala su padre, Ezequiel Gómez.
La adolescente, quien es oriunda de la provincia de Coclé, padecía de bronquitis en 2006, razón por la cual fue trasladada por sus padres a la Caja de Seguro Social en esa zona, donde le suministraron seis frascos de los jarabes conocidos como expectorante sin azúcar y difenhidramina.
Cuando estaba en primer grado le comenzaron síntomas de mareos, dolores en los huesos y vómitos, por lo que con frecuencia tenían que llevarla a la policlínica. Sin embargo, los médicos de esa provincia solo se limitaban a decir que era un “virus” natural de la etapa de crecimiento de la niña.
Los padres de la infante decían sentirse preocupados, porque transcurrían los días y la salud de la pequeña se complicaba. Tenían una leve sospecha, porque el abuelo de Eilyn, llamado Manuel Gómez, ya había fallecido debido a la ingesta de jarabes.
Aunque tuvieron que esperar hasta el año 2009, cuando recibieron una llamada de las autoridades para informarles que la pequeña estaba en la lista de los que habían ingerido el veneno. “Todavía pensábamos que era otra cosa”, señala Gómez, quien tuvo que trasladarse con su familia a la ciudad de Panamá para que la niña tuviera una adecuada atención médica.
Desde entonces, Eilyn no es la misma. Siente mucho dolor en las articulaciones, sufre de mareos, la presión arterial y convulsiona. Todo esto le ha complicado continuar con sus actividades escolares. A raíz de esto, a la joven no le quedó otra opción que abandonar el año pasado el bachillerato en ciencias, porque se ausentaba a clases.
Los progenitores de la paciente se quejan porque los profesores de su escuela le dieron la espalda. Incluso, su profesora consejera le dijo un día que el colegio “no era guardería”, para estar pendiente de la chica. “Fuimos al Ministerio de Educación porque son muchos los niños afectados por el jarabe”, sostiene el padre de la paciente.
El Comité que defiende los derechos de estos pacientes también ha enviado notas a las autoridades del Ministerio de Educación, pero hasta el momento no han logrado que se le brinde una educación adecuada a este grupos de infantes que consumieron jarabes en 2006.
El presidente de esa organización detalló que ahora mismo hay unos 200, entre niños y adolescentes, en esa situación. De esos han muerto 10, debido a las complicaciones de salud.
Ahora Eilyn, junto a sus padres, evalúa si estudiará por módulos, para culminar sus estudios, aunque la joven reconoce que su rendimiento académico no es el mismo con el pasar de los días.
Por su parte, el padre de la menor señala que los 600 dólares que recibe no son suficientes para su tratamiento mensual. También se atiende con un psicólogo para sobrellevar el trauma, ya que en ocasiones fue rechazada hasta por sus propios compañeros de escuela, quienes pensaban que su padecimiento era contagioso.
“Mi hija tiene miedo de acostarse y no volver a despertar”, manifiesta su padre.
PÉRDIDA DE MEMORIA
Isaac Sánchez era un trabajador productivo y jefe de departamento en una empresa en el año 2006, pero a raíz de un resfriado decidió acudir a la Policlínica J.J Vallarino, en el corregimiento de Juan Díaz. Allí le recetaron dos frascos del jarabe sin azúcar, y después de varios días comenzó a sentirse débil y a ver de manera confusa.
Ya no podía estar de pie por varios minutos y las manos le comenzaron a temblar. Tampoco podía dormir, y hasta hoy no puede conciliar el sueño.Su productividad comenzó a bajar y le llamaron la atención en su sitio laboral.
“Hoy, después de 10 años tengo muchas lagunas mentales, por pérdida de memoria. También he perdido la facultad de escribir, porque no tengo control de mi mano. De hecho, ahora firmo con mi huella digital”, dijo.
Sánchez narra que su vía crucis no cesa desde que consumió el jarabe. Debido a sus problemas neurológicos, tiene que viajar todos los fines de semana a un lugar apartado en busca de tranquilidad, por recomendación de su psicóloga y cardiólogo. “Escuchar el ruido de los pájaros y el agua correr es una terapia”, puntualiza.
Aunque sigue trabajando en el mismo lugar, no puede desarrollar las mismas funciones de antes. “Me dieron cierta concesión de trabajar desde casa”, especifica.
Este hombre afirma que sus gastos son elevados, ya que entre tratamientos y medicamentos está destinando al mes unos 750 dólares, lo que sobrepasa la pensión de 600 dólares que le proporciona el Estado. Antes que le reconocieran esa ayuda financiera, todo ese dinero salía de su bolsillo.
“Yo siento pinchazos en mi cuerpo todos los días. El dolor es inhumano y mis riñones se deterioran. Esto es doloroso”, sostiene Sánchez, quien los martes y jueves debe asistir a terapia.
El paciente lamenta que en lugar de recibir salud en la Caja de Seguro Social, recibió la muerte. “Esto para mi fue un genocidio”, concluyó.
Tanto los familiares de las personas que fallecieron, como los sobrevivientes, cuestionan el reciente fallo de las autoridades judiciales, pues señalan que no se condenó severamente a nadie. Además, demandan una mejor atención en el Centro de Toxicología que fue habilitado para su atención médica, pues no cuenta con los especialistas, equipos y personal.
LAS LECCIONES
Néstor Sosa, director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y miembro de la Comisión Interinstitucional que afrontó la intoxicación masiva hace 10 años, señaló que para ese tiempo se sorprendieron con los casos con falla renal y parálisis. “Había muchos casos en tan poco tiempo y eso era inusual en el país”, detalló.
Tras un década, Sosa manifiesta que episodios como este se han reportado en 15 o 20 países con medicamentos contaminados con alguna sustancia industrial, como el dietilenglicol. En este caso, detalló que el químico afecta con frecuencia el sistema nervioso y los riñones. “Los pacientes llegaban con daños en los riñones y una debilidad extrema”, puntualizó.
Sostuvo que algunos comerciantes inescrupulosos, por abaratar costos, sustituyen en ocasiones la glicerina por el dietilenglicol, para dar una consistencia espesa a ciertas sustancias líquidas. “Un proveedor de China le vendió a uno de España dietilenglicol en lugar de glicerina, y luego este se lo vendió a Panamá, para preparar medicinas”, especificó Sosa, quien aclaró que la responsabilidad en esta tragedia fue de toda la cadena: empresarios, proveedores, autoridades, entre otras.
“Después de este episodio se decidió cerrar el laboratorio de la Caja de Seguro Social que producía jarabes. Además, esa entidad no necesita producir medicamentos, ya que para eso está la industria farmacéutica”, indicó.
En lo que respecta al futuro de los pacientes, manifestó que dependerá del estado de salud previo, pues no es lo mismo una persona de 20 años que toma el jarabe, a una de 80 años con hipertensión que lo consumió.
“Esto nos deja como lección que debemos ser celosos con la materia prima que se importa para consumo humano, no solo para medicinas, sino para alimentos. Nosotros vimos morir a muchas personas y si una persona desarrolló falla renal por el dietilenglicol, claro que ese evento le acortará la vida”, aseguró.
LOS SEÑALADOS
El director de la Caja de Seguro Social cuando ocurrió esta intoxicación, René Luciani, expresó que se trata de una tragedia que no debe repetirse en el sector salud.
“A quienes nos tocó vivir esta experiencia no podemos borrarla de nuestro pensamiento. Fue muy duro para la familia de la Caja de Seguro Social y la familia panameña. En lo personal, también sentimos afectación”, manifiesta Luciani.
Sobre el reciente fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia que lo relevó de responsabilidades en este caso, subrayó que el fallo se dio en derecho.
Aunque más allá de culpables e inocentes, después de 10 años considera que la experiencia obliga a que estas tragedias deben llevar al país a la reflexión.
(Lea mañana, detalles de la atención que reciben los pacientes en el Centro de Toxicología de la CSS).
