A finales de abril, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 571, una iniciativa presentada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) por Bocas del Toro, Benicio Robinson, que modifica el marco legal de protección de los arrecifes coralinos y otros ecosistemas marino-costeros.
La propuesta ha generado preocupación entre sectores ambientales debido a que introduce cambios que, a juicio de sus críticos, flexibilizan las medidas de conservación vigentes.
Desde entonces, la norma permanece en manos del presidente José Raúl Mulino, quien debe decidir si la sanciona o la veta. Sin embargo, más de un mes después de su aprobación legislativa, no ha habido pronunciamientos públicos sobre el futuro del proyecto.
Incluso, el pasado mes de mayo, el Comité de Arrecifes de Panamá envió una nota a Mulino en la que manifestó su “profunda preocupación institucional” por la aprobación del proyecto de ley y le solicitó formalmente que lo vetara, al considerar que constituye un grave retroceso ambiental que pondría en riesgo la conservación de arrecifes, manglares y otras áreas marinas estratégicas para la biodiversidad panameña.
Durante la discusión del proyecto, el Ministerio de Ambiente, encabezado por el exalcalde y excandidato presidencial del PRD Juan Carlos Navarro, no presentó objeciones a la iniciativa. Por el contrario, respaldó su viabilidad, pese a los cuestionamientos de organizaciones ambientales sobre el posible debilitamiento de las medidas de protección de los arrecifes coralinos.
Elecciones legislativas
En medio de este escenario surge un elemento político que, según fuentes legislativas, podría influir en la decisión sobre la norma: el eventual respaldo del PRD a la candidata de Realizando Metas (RM), Shirley Castañedas, en la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 1 de julio.
Este medio pudo conocer que RM ya cerró filas en torno a la candidatura de Castañedas y que, incluso, el presidente José Raúl Mulino estaría respaldando esa aspiración. De hecho, este miércoles se llevó a cabo una reunión entre el mandatario y diputados de ese colectivo político, en la que se habría alcanzado dicho acuerdo.
El encuentro, a diferencia de otras reuniones políticas recientes, se mantuvo bajo completo hermetismo hasta que el diario La Prensa reveló detalles de lo ocurrido, lo que dejó al descubierto las conversaciones internas de RM de cara a la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional.
Aunque Castañedas ha logrado acercamientos con varios diputados del PRD, el respaldo clave sigue estando en manos del presidente del colectivo, es decir, Robinson, promotor del proyecto de ley que flexibiliza la protección de los arrecifes coralinos.
Para fuentes del Órgano Legislativo, una de las principales fichas de negociación para asegurar ese apoyo sería, entre otras demandas, la sanción de la controvertida norma ambiental que permanece pendiente de decisión en el Ejecutivo.
Silencio de Mulino
Hasta el momento, Mulino no se ha pronunciado sobre este asunto, pese a la petición formulada por el Comité de Arrecifes de Panamá, respaldada por figuras del ámbito científico y social, entre ellas Edgardo Díaz Ferguson, de la Estación Científica Coiba AIP; Arcadio Castillo, representante del Congreso General Guna; y Belgis Chial, de la Universidad de Panamá.
También suscribieron la solicitud Isaías Ramos González, del Centro de Incidencia Ambiental; Paula Sills, de Ankay Conservation, en representación del sector turístico; y Erasmo Rodríguez, de la Autoridad Marítima de Panamá.
El comité es un cuerpo colegiado creado al amparo de la Ley 304 de 2022 y constituido formalmente por el Ministerio de Ambiente en 2025. Su estructura integra representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones científicas, el sector turístico, la academia, organizaciones no gubernamentales y pueblos originarios.
En medio de versiones sobre negociaciones políticas relacionadas con la elección de la próxima directiva de la Asamblea Nacional, la interrogante es si el mandatario optará por sancionar una norma que reduce los niveles de protección ambiental o si ejercerá su facultad de veto para mantener intactas las salvaguardas que hoy amparan a los ecosistemas marinos.
