La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) asumirá el control total de sus programas de becas, poniendo fin al esquema de gestión compartida con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). La decisión fue oficializada con la promulgación de la Ley 475, aprobada el 25 de junio de 2025 y publicada esta semana en la Gaceta Oficial.
El cambio responde a la necesidad de garantizar mayor transparencia y eficiencia en el uso de fondos públicos destinados a la educación superior, en medio de crecientes cuestionamientos sobre el manejo discrecional de becas y auxilios económicos por parte del Ifarhu.
La nueva ley le otorga a Senacyt la responsabilidad exclusiva de administrar los fondos y gestionar todo el proceso de selección de los beneficiarios. Entre las medidas clave figura la obligación de los becarios de retornar al país en un plazo máximo de 90 días tras culminar sus estudios, con la presentación de pruebas ante Senacyt del cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Comisión evaluadora externa
Para reforzar la transparencia, la normativa establece la creación de una comisión evaluadora externa integrada por académicos nacionales e internacionales. Esta instancia será la encargada de revisar las solicitudes de becas y asegurar que el proceso de selección esté libre de interferencias políticas o favoritismos.
La ley también aclara que los contratos vigentes bajo el sistema anterior (Ifarhu-Senacyt) seguirán ejecutándose hasta que los becarios culminen sus estudios. El Ifarhu continuará realizando los desembolsos correspondientes, bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que deberá garantizar la disponibilidad de los fondos.
Origen y respaldo legislativo
La reforma fue impulsada por el diputado Luis Duke, de la bancada independiente Vamos, en respuesta a las múltiples denuncias sobre presuntas asignaciones irregulares de becas. La propuesta ganó apoyo tras revelaciones sobre el uso discrecional de estos fondos en beneficio de ciertos sectores, lo que alimentó el reclamo ciudadano por una gestión más rigurosa y justa.
El Órgano Ejecutivo tendrá un plazo de seis meses para reglamentar la Ley 475. Durante este periodo se definirán los procedimientos administrativos, académicos y financieros que regirán el nuevo sistema de becas liderado exclusivamente por Senacyt.
