El presidente José Raúl Mulino, quien en varias oportunidades ha cuestionado a los actuales concesionarios del proyecto portuario en Isla Margarita, tomó distancia del conflicto interno entre los socios y negó tener conocimiento sobre la entrada de unos presuntos inversionistas estadounidenses que supuestamente inyectarían capital a la obra.
“Yo no tengo nada que ver con el conflicto que se originó ni con los empresarios que ahora dizque entraron, porque son gringos. Ese cuento a mí no me lo echan, porque yo conozco la historia, yo sé cómo se hizo esa concesión. Si la de los puertos [en aparente referencia a Panama Ports Company] es chimba, esta es más chimba todavía”, dijo el presidente este viernes 1 de agosto, durante una gira en la provincia de Colón.
Mulino recalcó su interés en resolver el conflicto y, de hecho, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) rescindió el pasado abril dos contratos de concesión para el desarrollo de un puerto y de un patio de contenedores en Isla Margarita, corregimiento de Cristóbal. El primero está a nombre de Panama Colon Container Port (PCCP); el segundo fue otorgado a una sociedad filial, llamada United Crown Construction Inc. Ambas están presididas por el ciudadano de Bahamas Dion Bowe, quien en junio pasado presentó cuatro amparos de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra las órdenes de la AMP, lo que le ha permitido —por el momento— mantener las concesiones.
El presidente afirmó este viernes que lo ocurrido con PCCP ha “frenado” el desarrollo de la región colonense, paralizado millones de dólares en inversión y bloqueado la generación de empleos, “mientras el Gobierno Central miraba para otro lado”.
“Yo no estoy mirando para otro lado. Isla Margarita se va a hacer como corresponde, y es un puerto que desarrollará trabajo, inversión y una vida mejor para todos los que ahí laboran”, enfatizó.
En lo que va del año, Mulino se ha referido en varias ocasiones a este tema. La primera fue el 24 de abril, cuando anunció que su gobierno —que inició funciones el 1 de julio de 2024— no seguirá “impulsando” el proyecto de PCCP. Y la más reciente había sido la semana pasada, cuando afirmó que excluiría de Isla Margarita a las empresas “corruptas”.
En medio del proceso para cancelar las concesiones, surgieron dudas sobre la supuesta incorporación de nuevos inversionistas a PCCP.
El pasado 6 de mayo, La Prensa recibió un presunto “comunicado de prensa” enviado por la firma de relaciones públicas Cavalry Strategies, en el que se informaba sobre la venta de los activos de PCCP a un fondo denominado “United States Strategic Fund”.
La AMP, en cambio, recibió una “notificación” que señalaba que el nuevo propietario y beneficiario final de la sociedad era “US Infrastructure Fund LLC”.
En su momento, el administrador de la AMP, Luis Roquebert, declaró a La Prensa que desconocía dicha transacción. Explicó que, al tratarse de una concesión estatal, no podía concretarse sin la autorización de la contraparte, que en este caso es la AMP.
Por lo pronto, los amparos presentados por PCCP (aún sin resolver) quedaron repartidos entre los despachos de los magistrados Ariadne García, Miriam Cheng, Ángela Russo y Olmedo Arrocha.
