Aunque es una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), Panamá no modificará la legislación local para considerar la evasión fiscal como un delito precedente al blanqueo de capitales y, por lo tanto, que su comisión tenga consecuencias penales.
En la actualidad, en Panamá la evasión fiscal se castiga con sanciones administrativas, mientras que en otros territorios, cuando la evasión supera determinado monto, se castiga con penas de prisión.
El Gobierno adelanta una batería de medidas para fortalecer el marco legal contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero no se incluye entre ellas la tipificación como delito de la evasión de impuestos.
Estas medidas están recogidas en un plan de acción pactado en junio del año pasado entre el Gobierno de Panamá y el Gafi, entidad intergubernamental que fija estándares y promueve la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos y que incluyó a Panamá en su lista gris por las debilidades detectadas en esta materia.
Con esa visión, la entidad elabora una serie de recomendaciones (40, en concreto) para que todos los países sigan medidas estandarizadas. El nivel de cumplimiento de esas recomendaciones se evalúa en visitas a los distintos territorios cada cierto tiempo. Luego de una de esas revisiones Panamá ingresó en la lista gris.
En la última actualización de estas recomendaciones, que se produjo en 2012, el Gafi incluyó la evasión como uno de los orígenes del delito de lavado de capitales. El abogado Carlos Barsallo explicó que el plan de acción que adelanta Panamá “se basa en los hallazgos de la inspección efectuada con las recomendaciones anteriores a estas de 2012”.
La exclusión de Panamá de la lista gris depende de la ejecución de ese plan de acción. Por lo tanto, mantener el marco legal en lo que se refiere a la evasión fiscal no sería impedimento para abandonar la lista gris, algo que podría suceder este mismo año.
No obstante, en las próximas revisiones que se le hagan al país, y que tomen en consideración las recomendaciones de 2012, sí será un tema a considerar por el Gafi, añadió el abogado.
El Ejecutivo y algunos abogados consideran que teniendo en cuenta los precedentes recientes de la Dirección General de Ingresos (antes Autoridad Nacional de Ingresos Públicos), señalada por ser utilizada contra opositores políticos, el director de Ingresos tendría un poder que podría ser utilizado con fines distintos a los estrictamente tributarios si se modifica la legislación actual y se tipifica como delito la evasión fiscal.
