El Gobierno no ha respondido por qué hay una valla en el relleno ilegal que Grupo F. Internacional realizó en Amador y que, según la empresa, está amparado bajo una concesión “vigente”.
Hace dos semanas la empresa, fundada por Jean Figali, colocó un letrero sobre el relleno -declarado ilegal por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en 2006- en el que anuncia la construcción de una “marina”.
La cerca de metal que el Estado había colocado en el borde de la calle para custodiar el relleno fue removida a las pocas semanas de haber asumido la nueva administración.
Durante varios días este diario hizo llamadas vía telefónica a la oficina de Comunicaciones de la AMP y envió correos electrónicos para conocer cuál es el estatus de la concesión a favor de Grupo F., pero no hubo respuesta.
¿Está vigente el contrato? ¿Quién autorizó la colocación de un letrero donde se anuncia la marina?
En más de dos ocasiones la oficina de Comunicaciones de la AMP prometió atender las preguntas. Hasta el cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
También se contactó al secretario de Comunicaciones del Estado, Manuel Domínguez, quien facilitó el teléfono del administrador de la AMP, Jorge Barakat; este no respondió.
Una fuente del Gobierno dijo que Barakat se encontraba de viaje. A finales de junio se celebró en Londres, Inglaterra, la reunión de la Organización Marítima Internacional donde se escogió al nuevo secretario general, Ki-tack Lim. Barakat estuvo presente.
Hasta que apareció la valla en el relleno, se creía que la concesión de Grupo F. había sido rescindida. (Ver gráfica).
En octubre de 2006, el entonces administrador de la AMP y segundo vicepresidente de la República, Rubén Arosemena, ordenó al Grupo F. suspender los trabajos en el sitio y retirar el relleno realizado hasta entonces. La empresa no atendió la orden.
En mayo de 2007, Arosemena reiteró la orden de suspender las obras y remover el relleno y anunció el inició del proceso para rescindir los dos contratos de concesión de fondo de mar que el Grupo había obtenido en el año 2002.
Ambos contratos otorgaban a Grupo F. el derecho a rellenar 7.7 hectáreas. Cuando Arosemena ordenó suspender las obras, ya el relleno tenía una extensión de 25 hectáreas.
La empresa reaccionó presentando recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia.
En julio de 2009, el entonces recién estrenado presidente Ricardo Martinelli, mazo en mano, colocó un letrero que rezaba “propiedad del Estado” y le asignó custodia policial.
El exsecretario de la AMP Carlos González De la Lastra reiteró que Grupo F. incumplió una serie de requisitos. Recordó que en 2007 le correspondió llamar a la Policía para que se suspendieran dichos trabajos.
“Las costas son propiedad del Estado y si se rellenan no pueden ser utilizadas por un particular sin autorización”, afirmó De la Lastra. Por el uso de fondo de mar se pagan centésimos y esa área donde se construyó el relleno vale muchos millones de dólares, añadió.
El relleno también fue rechazado por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), que entonces argumentó que dichos trabajos no se parecían en nada a lo aprobado en el estudio de impacto ambiental.
“Figali hizo un relleno con toda clase de desechos que contaminaron la bahía”, recordó De la Lastra.
Guillermo Cochez, uno de los abogados de Grupo F., afirmó que en una reunión con el departamento legal de la AMP se les informó que la concesión está vigente.
