El magistrado presidente José Ayú Prado aseguró que está “buscando” los fondos necesarios para implementar la Ley de Carrera Judicial, aprobada en el año 2015 pero que –a la fecha- no se cumple.
“En ningún momento hemos tenido la disponibilidad de fondos que requiere la Carrera Judicial para su implementación funcional”, dijo Ayú Prado este lunes 27 de marzo, durante la presentación de su informe de gestión correspondiente al año 2016.
Ayú Prado y los otros dos magistrados que completan la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia –Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, presidentes de la Sala de lo Civil y la Sala Contencioso Administrativo, respectivamente- fueron denunciados criminalmente la semana pasada por haber realizado hasta 600 nombramientos de personal subalterno en los juzgados y tribunales del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ignorando el procedimiento ignorado en el Ley 53 de 2015, que regula la Carrera Judicial.
El magistrado presidente siempre ha culpado de ello a la falta de fondos.
“En el mes de julio de 2016, a dos meses de la implementación del SPA, requerimos con urgencia que se autorizara un traslado de partida por $15 millones: $10 millones para el SPA y $5 millones para la Carrera Judicial. De lo que solicitamos, a un mes de entrar al SPA, solo se nos otorgó $9.5 millones, a través de un traslado interinstitucional, de otras instituciones del Estado al Órgano Judicial”, dijo Ayú Prado en el informe de su gestión.
En el año 2016, el Órgano Judicial manejó un presupuesto de $151.7 millones para funcionamiento e inversiones. De esa cantidad, solo 9% fue destinado a materiales, suministros y equipos, monto “que no resulta acorde para dotar al recurso humano que se incrementó producto de la última fase de implementación del SPA y la continuación del programa de descongestión judicial”.
No obstante, en esa misma presentación, Ayú Prado dejó constancia de su agradecimiento a los ministerios de la Presidencia y de Economía y Finanzas, y a la Asamblea Nacional, “por el tratamiento que han brindado al Órgano Judicial en materia presupuestaria”.
El presupuesto asignado para el 2017 es de $160 millones: $140 millones para funcionamiento y $20 millones para inversión. No está contemplada la implementación de la Carrera Judicial, pero Ayú Prado prometió seguir “tocando puertas”. Mencionó, por ejemplo, que se gestiona la recuperación de los fondos provenientes de los certificados de garantías no reclamados, que representan unos $22 millones.
“Esto fue una recomendación muy respetuosa del MEF”, agregó.
Por no implementar la Carrera Judicial, los tres magistrados –Ayú Prado, Fábrega y De León- fueron denunciados por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, infracción de deberes de los servidores públicos, usurpación de funciones y obstrucción del funcionamiento de un órgano del Estado.
Ayú Prado dijo que aún no ha sido notificado de dicha denuncia, que reposa en la Asamblea Nacional.