Los magistrados José Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega –integrantes de la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)- fueron denunciados criminalmente este martes 21 de marzo, por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, infracción de deberes de los servidores públicos, usurpación de funciones y obstrucción del funcionamiento de un órgano del Estado.
La denuncia fue presentada en la Asamblea Nacional por Magaly Castillo y Rafael Candanedo, quienes señalan que los tres magistrados designaron al personal subalterno de los juzgados y tribunales del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA) sin tener facultad para ello e ignorando “ex profeso” el procedimiento determinado en la Ley 53 de 2015, que regula la Carrera Judicial.
“Estos casi 600 nombramientos arbitrarios tienen graves consecuencias porque con ello se compromete la independencia funcional de los magistrados y jueces a cargo de los tribunales y juzgados para los que trabajan funcionarios designados por magistrados integrantes de la Sala Cuarta de Negocios Generales… El personal de apoyo judicial se integra de subalternos de la Sala Cuarta y en su actuar deben naturalmente reportar a quien funge como autoridad nominadora, con lo cual se resquebraja y debilita aún más nuestra institucionalidad”, señala la denuncia criminal.
“La independencia judicial es una condición fundamental para el ejercicio de la judicatura. Si los jueces no son independientes no podrán resolver de acuerdo a la Constitución Política y la Ley, sino que estarán sometidos a razonamientos y circunstancias que no deben ser causantes de la decisión judicial, como el miedo a la represalia y a perder el empleo”, agrega el documento.
Ayú Prado comunicó que los nombramientos fueron decididos por la Sala Cuarta, ya que la CSJ no cuenta con el presupuesto requerido para implementar la Carrera Judicial en el Primer Distrito Judicial del SPA.
Pero los denunciantes alegan que “el presupuesto siempre es estimado y permite cierta discrecionalidad. La misma que facilita el pago de viajes al extranjero y los nombramientos efectuados a voluntad en los despachos de la CSJ y en el área administrativa”.
Castillo y Candanedo señalan que los magistrados denunciados ni siquiera revisaron el informe preparado por la Dirección de Planificación y Presupuesto del Órgano Judicial, documento en el que se calcula que para iniciar la selección del personal requerido se necesitaba una partida de no más de $190 mil 750 anuales.
Ayú Prado ha sostenido que los nombramientos en el Primer Distrito Judicial son “interinos” y que implementarán la Carrera Judicial cuando se cuente con los fondos necesarios.