El Consejo Nacional de Refugio (Conare), comisión que evalúa las solicitudes de refugio en Colombia, rechazó este jueves 7 de julio la petición de asilo elevada hace dos semanas por el empresario panameño Mayer Mizrachi, bajo el argumento de que el solicitante se encuentra en proceso de ejecución de una medida de expulsión.
La ley colombiana establece que todo preso debe, al salir de la cárcel, ser puesto a órdenes de Migración para completar su trámite migratorio pendiente. En este caso, Mizrachi no fue entregado a Migración por las autoridades del centro carcelario La Picota, pese a que hubo oficiales de esa entidad esperándolo por 13 horas, con peticiones por escrito y verbales.
Por esta situación hay una denuncia penal de Migración contra el Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia; el director de La Picota (que en aquel momento ejercía como director encargado) ya fue relevado de su cargo, y un supuesto soborno por parte de Mizrachi hacia funcionarios de la cárcel está siendo investigado.
En el momento en que fue notificado, este jueves a las 10:00 a.m., su abogado –en su representación, ya que él no acudió- pidió una prórroga del salvoconducto de cinco días otorgado por la Cancillería colombiana la semana pasada. De esa manera busca seguir circulando en Bogotá sin el peligro de que Migración lo retenga y expulse a Panamá. Como su proceso sigue, la Cancillería le extenderá el salvoconducto.
Ahora, Mizrachi tiene 10 días hábiles para interponer la reposición o la apelación de la decisión. La reposición consiste en pedirle a quien firmó el rechazo de la petición -el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverry- que revoque la decisión, y la apelación consiste en pedirle al superior de quien firmó el documento, o sea, la canciller María Ángela Holguín, que la decisión sea revocada.
Un recurso no excluye el otro, por lo que Mizrachi podría presentar los dos recursos.
