INVESTIGACION JUDICIAL

Corte Suprema abre proceso a diputado Sergio Gálvez

El caso se inició luego de que la Fiscalía Primera Anticorrupción remitieraa la Corte expedientes en los que se menciona a diputados.

Corte Suprema abre proceso a  diputado Sergio Gálvez
Corte Suprema abre proceso a diputado Sergio Gálvez

La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación sumarial al diputado de Cambio Democrático (CD) Sergio Chello Gálvez por la supuesta compra irregular de bolsas de granos a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) en el gobierno pasado.

El magistrado José Ayú Prado, quien fue designado como fiscal del proceso, solicitó al Ministerio Público documentos de la investigación efectuada en esa entidad por supuestas irregularidades en los contratos para la adquisición de bolsas de arroz y otros productos que luego eran distribuidos por algunos diputados en sus circuitos.

En otro expediente, Ayú Prado investiga por la compra de granos a través del PAN al también diputado de Cambio Democrático Vidal García.

Estos procesos se iniciaron luego de que la Fiscalía Primera Anticorrupción enviara a la Corte Suprema de Justicia el 4 de marzo pasado documentos en los que se menciona a Gálvez y García y se le vincula con las supuestas irregularidades.

Entre las pruebas aportadas en esos documentos se encuentra la declaración del exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, quien sostuvo que la empresa Constructora Botsa habría obtenido tres contratos para el suministro de bolsas de arroz en el circuito 8-7 de la capital a solicitud del diputado Gálvez.

En el caso de Vidal García, este habría adquirido bolsas de arroz de la empresa Suplidora Edimar, de acuerdo con declaración dada a la fiscalía por la empresaria Carmen Vergara, también imputada en el proceso.

En ambos casos, la Corte Suprema de Justicia deberá determinar si hubo o no anomalías en los contratos y si los dos diputados están vinculados con tales hechos.

La investigación que adelanta el Ministerio Público está en la fase final. Hasta ahora, se ha imputado cargos a 60 personas, entre exfuncionarios del pasado gobierno y particulares.

La posible lesión patrimonial al Estado fue calculada por la Contraloría en $12.3 millones.


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