La Interpol emitió formalmente una "notificación roja" para la localización y detención del expresidente de la República y diputado del Parlamento Centroamericano, Ricardo Martinelli Berrocal, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Corte investiga a Martinelli por la interceptación ilegal de comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional durante su gobierno (2009-2014).
La información fue confirmada este lunes 22 de mayo por la Policía Nacional.
El 21 de diciembre de 2015, el pleno de la Corte ordenó la detención provisional del expresidente y actual diputado del Parlacen. Según el pleno, la decisión se fundamentaba en la declaratoria de rebeldía de Martinelli, dada por el magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías de la causa, ante la ausencia del expresidente en la causa judicial seguida en su contra.
Martinelli fue declarado "en rebeldía" por el magistrado juez Mejía en la audiencia efectuada el 11 de diciembre de 2015. Ese mismo día se presentaron cuatro solicitudes de detención provisional: una por el fiscal de la causa Harry Díaz, y las otras tres por los abogados Carlos Herrera Morán, Rosendo Rivera y Ángel Álvarez, abogados de las víctimas de los denominados "pinchazos" ejercidos por el Consejo de Seguridad Nacional.
Martinelli es procesado por la presunta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública en diferentes formas de peculado.
De ser hallado culpable, enfrentaría una pena de hasta 21 años de prisión. El Código Procesal Penal permite la detención cuando el delito implica una pena de cuatro años o más de cárcel.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ya solicitó a Estados Unidos la extradición de Martinelli, quien se cree reside en Miami, Estados Unidos.
La CSJ adelanta otros procesos a Martinelli, como –por ejemplo– uno por otorgar 350 indultos a finales de su mandato en junio de 2014 y otro por la compra de alimentos deshidratados con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).