La defensa de Mario Martinelli Berrocal pretende anular las dos declaraciones de indagatoria rendidas por su cliente el pasado 25 y 27 de enero, como parte de la investigación por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.
Así consta en un amparo de garantías constitucionales que José Nelson Brandao, abogado de Martinelli, presentó este lunes 6 de enero, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Brandao alega que la fiscal especial Anticorrupción, Tania Sterling, emitió orden de conducción contra su cliente, “sin haber otorgado las vías de notificación ordinarias para la concurrencia a diligencia judicial, limitando desde ese momento la libertad de nuestro representado”.
También subraya que a Martinelli se le imputan cargos contenidos en el artículo 254 del Código Penal, reformado mediante la Ley 34 de 8 de mayo de 2015, “norma que no estaba vigente a la supuesta ocurrencia de los hechos”, lo que viola la Constitución Nacional.
El artículo 254 se refiere a los delitos de soborno internacional, estafa, asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas, estafa calificada, delitos financieros, extorsión, peculado, de corrupción de funcionarios y de enriquecimiento ilícito. "Quien oculte, encubra o disimule el origen ilícito o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles será sancionado con pena de 5 a 12 años de prisión”.
Por este caso, la Fiscalía Especial Anticorrupción ha indagado a Mario Martinelli Berrocal; el exministro de Obras Públicos Federico José Pepe Suárez, y su hermana Ana Suárez; el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez-Llorens; el exjefe de la Unidad de Análisis Financiero Amado Barahona, y el expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA) Riccardo Francolini.
La fiscalía también pidió la ubicación de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, cuya indagatoria también es requerida.
El exgobernante es objeto de dos asistencias judiciales enviadas a Panamá por los fiscales federales de Suiza, para determinar si recibió coimas de Odebrecht. Ambas asistencias están en el despacho de la magistrada Ángela Russo.