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Investigación por préstamo de la Caja de Ahorros

'Si se retornó el dinero, esto se tomará en cuenta, pero sí hubo una acción delictiva': Rolando Rodríguez Cedeño

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Rolando Rodríguez, secretario de la Procuraduría General de la Nación, atiende a los medios de comunicación. Rolando Rodríguez, secretario de la Procuraduría General de la Nación, atiende a los medios de comunicación.
Rolando Rodríguez, secretario de la Procuraduría General de la Nación, atiende a los medios de comunicación. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

Todos los miembros de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA) en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) están imputados dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía Primera Anticorrupción por el desembolso de un préstamo de $9 millones para supuestamente financiar la construcción de un centro de convenciones en Amador.

Así lo informó el secretario de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez Cedeño, quien agregó que se emitieron órdenes de conducción contra todos los directivos. “En total, entre 6 ó 9 personas se le están endilgando cargos ahora mismo”, dijo.

Se trata de Riccardo Francolini (presidente), Fernando Correa Jolly, Ricardo Arango Pezet, Anastacio Ruiz De León y Ricardo Chanis. Todos han sido indagados, salvo Ruiz De León y Chanis. Francolini está detenido provisionalmente desde el pasado 12 de octubre, al igual que Rodrigo Arosemena Pino y Eleanor Garrido, exsubgerente general y ex secretaria en la CA, respectivamente.

Jayson Pastor, exgerente general de la entidad bancaria, fue indagado este lunes 17 y martes 18 de octubre. Correa Jolly fue indagado el lunes 17  y debe reanudar la diligencia el jueves 20  de octubre.

“Algunas personas se han acercado voluntariamente, pero las boletas de conducción fueron giradas a todos.

El Código Judicial, en su artículo 1971, establece la obligación del fiscal de la causa de asegurar la comparecencia para recibir la declaración indagatoria”, indicó Rodríguez.

Los abogados defensores alegan que no hubo delito contra la administración pública, dado que el préstamo fue saldado en su totalidad. Al respecto, Rodríguez advirtió que el artículo 344 del Código Penal señala que el reintegro de los dineros “representa un atenuante, pero no un eximente de la conducta delictiva”.

“Si se retornó [el dinero] voluntariamente, esto se tomará en cuenta, pero sí hubo una acción delictiva”, indicó.

Agregó que podrían iniciarse otras investigaciones sobre posible blanqueo de capitales, ya que de los $9 millones desembolsados por la CA, $7 millones fueron a parar a la casa de valores Financial Pacific –actualmente en proceso de liquidación– pese a que originalmente se dijo que esa cantidad se utilizaría para pagar los servicios del arquitecto a cargo del diseño del centro de convenciones en Amador.

“Dentro de la investigación se ha podido determinar que los miembros de la junta directiva de la Caja de Ahorros para esa época, con una urgencia sospechosa, aprobaron una línea de crédito el 31 de diciembre de 2012 y nadie recuerda el acta o la formalidad que exigen los procedimientos de la Caja de Ahorros para ello”, indicó el secretario general.

Rodríguez insistió que el Ministerio Público es respetuoso de las libertades de prensa y de información, tras las críticas por la conducción de Fernando Correa Jolly, productor y presentador de NexTV, en momentos en que se encontraba en sus oficinas.

“Esta investigación radica fundamentalmente sobre un movimiento prestatario de la Caja de Ahorros, donde no tiene nada que ver el medio o la profesión de periodista, y no debe ser interpretada como un ataque contra esta”, remarcó.

Con información de Juan Manuel Díaz.

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