Los fiscales que investigan la red de sobornos en Petrobras amenazaron este miércoles 30 de noviembre con renunciar si el Congreso brasileño aprueba un proyecto de ley que permitiría acusarlos de abuso de autoridad, que a sus ojos se propone frenar el avance del caso sobre la clase política.
“Nuestra propuesta es la de renunciar colectivamente en caso de que esa propuesta sea sancionada por el presidente” Michel Temer, dijo el fiscal Carlos dos Santos Lima en una conferencia de prensa en Curitiba (sur).
La drástica reacción llega luego de que la Cámara de Diputados realizara grandes cambios antes de aprobar en la madrugada del miércoles un proyecto de ley contra la corrupción, elaborado por los propios fiscales del caso Petrobras, que tuvo el respaldo de más de dos millones de firmas.
Pero los legisladores agregaron una enmienda que permitiría acusar a procuradores y jueces de “abuso de autoridad”.
Los fiscales consideraron que se trata de una “ley de intimidación”, elaborada por un cuerpo que tiene entre sus miembros a decenas de sospechosos de corrupción y muchos de ellos bajo el foco de la “Operación Lava Jato” (lavadero de autos) sobre Petrobras.
“El avance de propuestas como la ley de intimidación instaura una dictadura de la corrupción, un estado de tiranía en que el nuevo poder se ejerce fuera de los límites transferidos por el pueblo”, declaró el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol.
La amenaza de renuncia constituye un nuevo capítulo de la guerra que sostienen el Parlamento y el poder judicial por las revelaciones del monumental fraude a la estatal Petrobras, que desvió más de 2 mil millones de dólares.
Se produce además en vísperas de la firma de un acuerdo de “delación premiada” (a cambio de reducción de penas) entre la justicia y decenas de ejecutivos de la constructora Odebrecht, clave en ese escándalo.
“La aprobación de la ley de intimidación ocurre en momentos en que Lava Jato está cada vez más cerca de crímenes de corrupción practicados por un número significativo de legisladores influyentes. El mismo espíritu que movió la propuesta de autoamnistía, movió la intimidación de fiscales y jueces”, dijo Deltan Dallagnol, jefe del equipo que se ocupa de los procesos en Curitiba.
La semana pasada, las bancadas oficialistas habían articulado un intento de amnistiar los delitos de “Caja 2”, donaciones no declaradas ante la justicia electoral, que suelen usarse para lavar dinero de la corrupción.
Pero la indignación provocada por esa tentativa llevó al presidente conservador Michel Temer a advertir que vetaría esa ley. El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, divulgó una nota afirmando que el proyecto “no existe más”.
