Una comisión de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el miércoles por unanimidad un polémico paquete de medidas contra la corrupción que deberá ser votado en el plenario, en momentos en que una confesión masiva de ejecutivos de la constructora Odebrecht amenaza con desatar un nuevo sismo político por el caso Petrobras.
El paquete, que contó con el respaldo de dos millones de firmas, fue elaborado por los fiscales a cargo de la monumental investigación Lava Jato ("lavadero de autos") sobre la confabulación entre empresarios y políticos que desvió más de 2 mil millones de dólares de los cofres de la petrolera estatal.
A los fiscales, sin embargo, les podría salir el tiro por la culata, porque la disposición que tipifica y endurece las penas de la llamada "Caja 2", donaciones de campaña no declaradas, podría abrir la puerta a una amnistía de los casos investigados hasta ahora; ello ocurriría si el Plenario de 513 diputados determinase que la nueva ley libra a los implicados de culpa y cargo, porque ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva.
El paquete fue aprobado por los 30 miembros de la comisión, tanto de la base aliada del presidente conservador Michel Temer como de la oposición de izquierda, tras casi 14 horas de debates.
Algunos diputados opositores pidieron que el paquete no se enviase de inmediato al Plenario para evitar que todo ese esfuerzo de transparencia y moralización de la vida pública no sea visto como una tentativa de amnistía camuflada de la Caja 2, que de acuerdo con numerosos juristas suele ser un canal para encubrir delitos graves como el lavado de dinero de la corrupción.
Los debates avanzan en momentos en que más de 70 ejecutivos del grupo de ingeniería Odebrecht, que tuvo un papel clave en el escándalo de Petrobras, están listos para firmar un acuerdo con la fiscalía general para confesar, a cambio de la reducción de penas, lo que saben del caso que tiene en vilo al mundo político brasileño, según dijo a la AFP una fuente con acceso a las negociaciones.
Medios brasileños señalan que unos 200 políticos de primer plano y de prácticamente todo el arco político podrían verse implicados en esas denuncias.
Las "delaciones premiadas" se dan en un marco de crisis política que este año condujo a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), acusada de maquillar las cuentas públicas para facilitar su reelección en 2014.