Hace 2 díasLa discusión de las reformas electorales nos está dando la oportunidad de ver las dos caras de nuestra clase política. La más indigesta es la de los partidos políticos representados en la Comisión de Gobierno de la Asamblea. Han probado que, en una elección, la trampa no solo se hace el día de la votación y únicamente a través de la compra de votos; también es posible manipulando el sistema con anticipación, por ejemplo, aprobando leyes hechas para su beneficio específico y en detrimento de candidatos de la libre postulación, de la administración de justicia y hasta de la naturaleza del Tribunal Electoral. La cara más esperanzadora, en tanto, la está aportando la juventud representada en la Asamblea y en la coalición Vamos, la cual ayer entregó todos los requisitos para ser reconocida como partido político, entendiendo que ese paso es necesario para poder competir contra quienes manipulan el sistema para acomodarlo a su favor. Lo que hizo ayer este movimiento en tan corto tiempo es una muestra de lo que se puede construir con trabajo, planificación y convicción, pese a que, para lograrlo, tuvieron que atender reglas impuestas en su momento por aquellos mismos que ahora las repudian e intentan modificarlas, simplemente porque ya no les conviene. Así, mientras unos desvergonzados necesitan cambiar las reglas, otros solo necesitan competir.
Hace 3 días El presupuesto de la Asamblea Nacional es como una mentira mal contada: el de este año arrancó en $98.7 millones, pero, en julio pasado, ya iba por $146 millones ($136 millones para funcionamiento y $10.5 millones para inversión). Es decir que, en siete meses, le agregaron $47.8 millones. Pero el cuento no acaba ahí, porque le acaban de inyectar $32.1 millones a través de cuatro traslados de partida aprobados a hurtadillas por la Comisión de Presupuesto, la más poderosa de la Asamblea (y del país) y la única en la que se vale preguntar impunemente a los jefes de instituciones “qué hay pa’ mí” o meterlos en el “cuartito”. Ahora también en esa comisión se aprueban traslados sin siquiera notificar a todos sus miembros. Como sigan con estas muestras de autoritarismo, pronto van a empezar a prohibir el ingreso de aquellos diputados que no son “parte”. Por cierto, ¿por qué la Asamblea necesita fondos adicionales? Según la presidenta de ese órgano, estos recursos permitirán cubrir necesidades “urgentes y compromisos fijos”, como el pago de la planilla, las cuotas a la seguridad social y servicios básicos necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones de esa institución. Si estos son gastos “fijos” y “básicos”, entonces, ¿por qué no fueron incluidos en el presupuesto original? ¿Acaso no les asignaron los fondos necesarios para operar de forma “continua” hasta el 31 de diciembre de 2026? Alguien debería exigir una explicación sobre el manejo de esa plata.
Hace 4 díasLa reforma electoral empieza a parecerse peligrosamente a un traje confeccionado a la medida de quienes deberán someterse a sus reglas. En la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, diputados de todos los partidos políticos representados ahí han cerrado filas para impulsar cambios que mantienen espacios de protección para sus propias estructuras. El ejemplo más evidente es el fuero penal electoral. El Tribunal Electoral propuso excluir de esa cobertura a vicepresidentes y subsecretarios de partidos, precisamente para evitar que una garantía excepcional termine convertida en una inmunidad procesal excesivamente amplia. Sin embargo, la modificación aprobada por los diputados de todos los partidos políticos mantiene esa protección para sus cúpulas. Las reformas electorales inevitablemente pasan por manos de políticos, pero eso exige mayor responsabilidad, no mayores privilegios. Las reglas deben fortalecer la competencia y la institucionalidad, no proteger a quienes participan en su elaboración. Cuando los beneficiarios potenciales también sostienen la aguja, no sorprende que el traje termine hecho a su medida.
Hace 5 díasAbrir sus archivos a una comisión independiente fue un acto de transparencia que debe reconocerse a la Arquidiócesis de Panamá. Pero lo encontrado revela una práctica institucional deficiente que durante años privilegió el manejo interno de casos que exigían otra respuesta. Ninguna de las 24 denuncias evaluadas fue trasladada al Ministerio Público y, en una primera etapa, algunos casos fueron gestionados privadamente entre el arzobispo y el sacerdote involucrado. Solo siete cuentan con una investigación documentada y apenas dos registran una resolución.
Hace 6 díasEl 75% de los jueces que están en la planilla del Órgano Judicial aparecen con la condición de “eventuales”. En el Sistema Penal Acusatorio (SPA) —al que se han destinado millonarios fondos para capacitación— la situación es peor: el 87.6% de los jueces son eventuales.
Hace 7 díasLas fiscalías anticorrupción de Panamá están abrumadas. Investigan unos 6,500 casos que incluyen delitos como el peculado, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, la corrupción de servidores públicos, incluso, la retención indebida de cuotas de la Caja de Seguro Social, delitos contra el patrimonio y un largo etcétera.
Hace 8 díasLas sustentaciones presupuestarias vuelven a exhibir un patrón conocido: casi ninguna institución parece tener suficiente. Ministerios, universidades y entidades autónomas llegan a la Asamblea Nacional con solicitudes millonarias y largas listas de necesidades, mientras cuestionan los recortes recomendados. Estas comparecencias tienen un valor adicional: constituyen una de las pocas ocasiones en que el ciudadano puede conocer, aunque sea parcialmente, cómo se administra el dinero de todos. Por eso, las preguntas sobre planillas, viajes, combustible, consultorías y otros desembolsos resultan indispensables para mirar detrás de las grandes cifras. Pedir más dinero es legítimo cuando existen necesidades justificadas, pero también exige demostrar eficiencia, prioridades y resultados. La discusión no puede limitarse a cuánto solicita una institución, qué cantidad recibe y si es más o es menos de lo que le correspondió en el presupuesto anterior. Antes de abrir más la billetera pública, corresponde saber qué ocurrió con cada dólar ya entregado y qué resultados concretos produjo.
Hace 9 díasDos dirigentes políticos han unido sus caminos, pero hasta hace poco eran adversarios acérrimos e incluso se denigraban mutuamente. Las pullas y descalificaciones que se han dedicado por años han sido lo suficientemente fuertes como para hacer difícil creer en la inocencia de esta súbita fraternidad. Lo grave es que pretenden utilizar una supuesta amenaza contra las elecciones de 2029 como el argumento perfecto para justificar sus componendas. Es risible que sea la partidocracia la que pretenda salir al rescate de la pureza de las elecciones. Pero, al margen de eso, si esa amenaza es tan seria y creíble como se afirma, correspondería al Tribunal Electoral actuar en consecuencia e investigar, si procede, porque una acusación de esa magnitud no debería reducirse a una conveniente consigna política. Sería interesante saber si existen pruebas de esos supuestos planes para empañar el próximo torneo electoral o si -como ya se sospecha- todo forma parte de una narrativa para darle apariencia de necesidad a una alianza oportunista. Para eso no habrá que esperar hasta 2029. Bastará con que inicie la discusión de las reformas al Código Electoral para comprobar si los antiguos enemigos defienden, como si fueran un solo bloque, sus espacios e intereses.
