Cuando en una empresa crecen los gastos desproporcionadamente, sin ningún plan de inversión a la vista, es muy probable que se deba a la negligencia de alguien, a que los controles sean ineficaces o a que alguien esté beneficiándose indebidamente de los recursos. Pero en la Asamblea Nacional —como si se tratara de un reality show— todo vale. Para este año, el Legislativo debía operar con un presupuesto de $98.7 millones, pero, hasta el 30 de septiembre pasado, lo habían modificado hasta llevarlo a $203.5 millones, un incremento porcentual del 106%. De cada $10, nueve se van en “funcionamiento”. Pero si tenemos en cuenta que en cuatro meses han engordado la planilla legislativa hasta llevarla a 8,308 funcionarios, esta proporción quizá no nos sorprenda; es más, hasta parece lógica. Pero este tren del despilfarro no circula en una sola línea. Su locomotora salta de los rieles parlamentarios a los del Ejecutivo, ya que las modificaciones y los traslados de partidas que perfeccionan este virtual saqueo cuentan con la anuencia del MEF. ¿Dónde están los mecanismos de pesos y contrapesos en el Ejecutivo? ¿Cómo va a terminar esto en diciembre? ¿Acaso alguien piensa ingenuamente que esta tendencia se va a revertir sola?