Después de todas las maniobras en la aprobación del presupuesto general del Estado para el año 2027, siguen apareciendo excesos, algunos insospechados. Por ejemplo, han ampliado la lista de funcionarios que podrán viajar en clase ejecutiva cuando estén en misión oficial. Los diputados (principales y suplentes) ya podían acomodarse en business. Entonces, ¿qué necesidad justifica extender ese beneficio a más funcionarios? El cambio se introdujo durante el primer debate en la Comisión de Presupuesto y aún se desconoce quién lo propuso. Ampliar el beneficio sin explicar su necesidad ni su costo refleja el descuido de la Asamblea Nacional en la protección de las finanzas públicas. Los viajes de trabajo forman parte del funcionamiento del Estado. Las condiciones en que viajan los funcionarios deben ajustarse a la realidad financiera del país y a las necesidades de cada misión. La clase ejecutiva debe ser una excepción justificada. Si un funcionario prefiere viajar en una categoría superior a la que le corresponde, que pague la diferencia de su bolsillo.