La protección civil no debería ser un simple concepto burocrático ni una función secundaria del Estado. Es nada menos que el conjunto de acciones destinadas a prevenir riesgos, preparar a la población y proteger vidas ante emergencias y desastres. Pocas veces su importancia se hace más evidente que cuando la naturaleza pone a prueba la capacidad de respuesta de un país ante una desgracia, aunque también sucede cuando quedan al descubierto la vulnerabilidad de las comunidades y las debilidades de las instituciones llamadas a protegerlas. El país encara una nueva realidad a partir del 9 de octubre pasado, porque, aunque afortunadamente no hubo consecuencias más graves, afloraron muchas debilidades en la cadena de respuesta. Las tragedias naturales no ocurren los 365 días del año, pero sí cuando menos se las espera y, habida cuenta de ello, es fundamental que la entidad que tiene la protección civil a su cargo esté suficientemente dotada de recurso humano preparado y equipos. Los $6.4 millones que le asignan a Sinaproc al año constituyen, en promedio, casi $492 mil por provincia o comarca. Esto debe ser motivo de vergüenza en un país que maneja un presupuesto anual de $35,111 millones. Parece que nuestros gobernantes comprenden qué es una tragedia, pero actúan como si se tratara de una comedia.