Hace 2 mesesLa movilidad dejó hace mucho de ser un problema individual para convertirse en un asunto colectivo y, por tanto, en una responsabilidad del Estado. De allí que este preste directamente servicios de transporte o los otorgue mediante concesiones. Pero esa responsabilidad no termina con garantizar que exista una forma de trasladarse. La calidad del transporte incide directamente en las oportunidades y profundiza o reduce desigualdades. No enfrenta las mismas condiciones quien dispone de un vehículo y decide cuándo y cómo desplazarse que quien depende diariamente de un servicio deficiente, impredecible o incluso inseguro para llegar al trabajo, estudiar o recibir atención médica. El reto planteado en Café con La Prensa obliga, por ello, a mirar la movilidad integralmente. Carreteras, Metro, buses, desarrollo urbano y ordenamiento territorial no pueden continuar avanzando como piezas separadas. Panamá necesita una política de Estado que garantice un transporte público eficiente, seguro y accesible, y que convierta la movilidad en una herramienta de inclusión, productividad y calidad de vida.
Hace 2 mesesUn fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2013 legalizó la prima de antigüedad en el sector público. Con ello, el despido de funcionarios se hizo más costoso, pues significa que reciben una indemnización, a pesar de que, en muchos casos, se trata de nombramientos que no responden a criterios técnicos ni profesionales, sino enteramente políticos. Una vez más, el dinero público es utilizado como piñata, como si no fuera poco el hecho de que una enorme cantidad de funcionarios carecen de los méritos, experiencia y calificaciones profesionales necesarias para ocupar sus respectivos cargos. Llegan al servicio público sin los más elementales conocimientos, que aprenden a base de error y ensayo, mientras devengan salarios inmerecidos o, peor aún, reciben ingresos por tareas no realizadas o sin que se presenten a trabajar. Lo más justo para los funcionarios sería ingresar al engranaje gubernamental mediante un sistema de méritos, con las habilidades probadas, haciéndose merecedores de pertenecer a la carrera administrativa. Pero lo que no debe ser es una ley general. Eso es privilegiar a quienes no se lo merecen, y de eso, lamentablemente, sobra en todos los gobiernos. Para colmo, el Estado ni siquiera cuenta con recursos para afrontar esas obligaciones, que son una carga adicional para unas finanzas públicas ya comprometidas. No se puede seguir legislando y gobernando como si el dinero fuera infinito.
Hace 2 mesesAunque viven metiendo la pata y adoptando decisiones cuestionables —algunas incluso demandadas y declaradas inconstitucionales por la Corte—, resulta que en los ministerios y en la Asamblea Nacional hay por lo menos 590 “asesores”, que cuestan al erario más de $22 millones al año en salarios.
Hace 2 mesesLas leyes de la física dicen que un mismo objeto no puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. Pero como el Legislativo conoce de física tanto como de transparencia, rendición de cuentas, institucionalidad y separación de poderes, ese axioma no fue impedimento para que la bancada oficialista y sus aliados introdujeran una modificación al reglamento interno de la Asamblea para que se considere que un diputado está presente en su curul aunque en realidad esté ausente, presumiblemente participando en actividades “oficiales” en su circuito electoral.
Hace 2 mesesLa descentralización es necesaria para acercar la administración pública a las comunidades y permitir que municipios y juntas comunales respondan con rapidez a sus necesidades. Por eso, el aumento de recursos para la Autoridad Nacional de Descentralización no debe verse, por sí mismo, como algo negativo. Pero los antecedentes obligan a extremar la vigilancia. El presupuesto proyectado para 2027 asciende a $296.4 millones, un 50.1% más que este año, mientras las investigaciones sobre la denominada descentralización paralela ya suman 99 imputados, en su mayoría vinculados a estructuras políticas del período 2019-2024.
