Abrir sus archivos a una comisión independiente fue un acto de transparencia que debe reconocerse a la Arquidiócesis de Panamá. Pero lo encontrado revela una práctica institucional deficiente que durante años privilegió el manejo interno de casos que exigían otra respuesta. Ninguna de las 24 denuncias evaluadas fue trasladada al Ministerio Público y, en una primera etapa, algunos casos fueron gestionados privadamente entre el arzobispo y el sacerdote involucrado. Solo siete cuentan con una investigación documentada y apenas dos registran una resolución. Más grave aún: los expedientes documentan entrevistas a ocho acusados frente a solo dos víctimas y en ninguno consta una evaluación documentada del daño sufrido y su atención. La petición de perdón representa un paso necesario, pero ahora es necesario transformar ese reconocimiento en acciones. Las víctimas deben ocupar el centro, los posibles delitos llegar oportunamente a las autoridades y los mecanismos de prevención garantizar que ninguna denuncia vuelva a quedar confinada dentro de la institución.