Los consulados de Marina Mercante parecen una casa con las ventanas cerradas y la puerta abierta para los allegados al poder. Desde afuera, los ciudadanos apenas distinguen cuánto entra, cuánto cuesta mantenerla y cuánto termina en los bolsillos de sus ocupantes.
Las 56 oficinas remitieron casi $100 millones a la Autoridad Marítima de Panamá en 2025, pero sus cuentas siguen dispersas. Para conocer las remuneraciones hay que armar una especie de puzzle de presupuestos, decretos y comparecencias. La transparencia exige información completa, accesible y comparable, sin esperar preguntas de los pocos diputados que se atreven a hacerlas.
Tokio ilustra el problema: el consulado de mayor recaudación está a cargo del hermano de la primera dama, quien recibió un incentivo promedio de $11,862 mensuales. El parentesco obliga a explicar los méritos del nombramiento y cada pago.
Cuando las oportunidades en el sector gubernamental alcanzan a familiares y amigos, y las cuentas públicas permanecen a oscuras, la confianza se pierde. El servicio exterior necesita selección por mérito y rendición de cuentas. Abran las ventanas: esta casa pertenece al país y todos pagamos sus cuentas.
