El presupuesto de la Asamblea Nacional es como una mentira mal contada: el de este año arrancó en $98.7 millones, pero, en julio pasado, ya iba por $146 millones ($136 millones para funcionamiento y $10.5 millones para inversión). Es decir que, en siete meses, le agregaron $47.8 millones. Pero el cuento no acaba ahí, porque le acaban de inyectar $32.1 millones a través de cuatro traslados de partida aprobados a hurtadillas por la Comisión de Presupuesto, la más poderosa de la Asamblea (y del país) y la única en la que se vale preguntar impunemente a los jefes de instituciones “qué hay pa’ mí” o meterlos en el “cuartito”. Ahora también en esa comisión se aprueban traslados sin siquiera notificar a todos sus miembros. Como sigan con estas muestras de autoritarismo, pronto van a empezar a prohibir el ingreso de aquellos diputados que no son “parte”. Por cierto, ¿por qué la Asamblea necesita fondos adicionales? Según la presidenta de ese órgano, estos recursos permitirán cubrir necesidades “urgentes y compromisos fijos”, como el pago de la planilla, las cuotas a la seguridad social y servicios básicos necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones de esa institución. Si estos son gastos “fijos” y “básicos”, entonces, ¿por qué no fueron incluidos en el presupuesto original? ¿Acaso no les asignaron los fondos necesarios para operar de forma “continua” hasta el 31 de diciembre de 2026? Alguien debería exigir una explicación sobre el manejo de esa plata.