En el país de los subsidios; de diputados que buscan atribuirse proyectos financiados por el Gobierno central y que ansían tener campañas de medio millón de dólares pagadas por los contribuyentes; de hospitales de mascotas de $14 millones, y de $4.4 millones para el despacho de la primera dama, convive el embarazo juvenil, aquel que, en seis años, ha cobrado la vida de 23 niñas y adolescentes menores de 19 años que han fallecido por complicaciones de la gestación precoz. Esa es la muestra vívida del desprecio al derecho de las jóvenes a una vida conforme a su edad y etapa evolutiva, que revela el precio de la desigualdad, la desatención, la pobreza y la ausencia de educación. No es solo un problema social; también es un fracaso de un Estado disfuncional que acumula deuda y sostiene una burocracia ineficiente y una planilla cada vez más costosa, pero sin garantizar oportunidades reales de progreso al ciudadano. En esas circunstancias, cada embarazo temprano puede convertirse en un ladrillo más en el muro que atrapará a otra generación en el mismo círculo decadente.