La entrega del informe final de la comisión interinstitucional representa el inicio de una nueva etapa: a partir de ahora, todo lo que converse o negocie el Ejecutivo respecto al cierre “ordenado” y autofinanciado debe hacerse de cara al país, dado que persisten muchas interrogantes sobre el alcance de lo que sería esta operación.
Por ejemplo, el cierre ordenado, ¿qué implica realmente? ¿Será una forma retórica de anunciar que se reanudará la operación, como cualquier otra, ejecutando una reducción progresiva del sitio a lo largo de varias décadas? ¿No sería eso lo que sucedería con una explotación minera a largo plazo que tenga prevista una fecha de cierre definitivo? ¿Cuál es el esquema de cierre? ¿25 años, como se puede entrever en la página 19 del informe ministerial? ¿Cuál es la diferencia de esto con un contrato de concesión, como el que ya tenía Cobre Panamá? ¿Acaso el cierre autofinanciado es una denominación eufemística para la extracción y comercialización de material? ¿Qué ocurrirá cuando se termine el material que ya fue extraído?
A propósito de esta empresa, nadie ha asegurado que exista algún compromiso real para retirar los arbitrajes. Este plan de cierre, de ninguna manera, debe convertirse en una indemnización disimulada a la empresa.
