Hace 1 mesLa Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) padece una crisis de identidad, debido a que ni siquiera facilita el acceso a información que es de carácter público. Parece haber sido creada solo para estar ahí y guardar las apariencias.
Hace 1 mes“La democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás que se han probado”. Winston Churchill popularizó en 1947 esta frase, aclarando que no era necesariamente suya. Resume una verdad vigente: aun con sus imperfecciones, la democracia es preferible al autoritarismo.
Hace 1 mesPanamá requiere cambiar su Constitución. La que está vigente es, en muchos aspectos, obsoleta y presenta grandes deficiencias, lo que ha permitido el abuso por parte de los gobernantes. Una de las grandes falencias que tenemos es que la institucionalidad del Estado ha sido terriblemente vulnerada.
Hace 1 mesLa propuesta del Tribunal Electoral para reforzar la trazabilidad del financiamiento privado de las campañas constituye un avance, pero el problema no termina en conocer de dónde viene el dinero. Limitar el efectivo y fiscalizar los aportes puede cerrar espacios a recursos ilícitos; sin embargo, el dinero legal también puede generar dependencias, conflictos de interés e influencia desproporcionada sobre quienes resulten electos. Toda donación debe ser pública: quién aporta, cuánto y de dónde proceden los fondos. Esa debe ser la regla. También importa determinar si grandes aportantes aparecen después favorecidos mediante contratos, concesiones o decisiones públicas. La transparencia debe permitir seguir el dinero y su influencia. Las nuevas reglas requerirán una actuación eficaz de las instituciones electorales. El Tribunal Electoral debe fiscalizar y la Fiscalía Electoral perseguir conductas que puedan constituir delitos. Las mejores normas sirven de poco sin capacidad para hacerlas cumplir. Transparentar las campañas es indispensable; vigilar qué ocurre después con sus financistas también debe serlo.
Hace 1 mesDos propuestas de ley plantean modificaciones importantes al marco regulatorio del sector eléctrico, sometido durante años a críticas justificadas por los altos costos, las deficiencias del servicio, las frecuentes interrupciones del suministro y la poca efectividad para atender los reclamos de los usuarios por daños ocasionados o facturaciones abusivas. Es evidente que ese marco necesita una modernización y una revisión profunda. Aferrarse a un esquema concebido para otra época no responde a las necesidades actuales ni a los desafíos que enfrenta el país, frente a economías más modernas y exigentes. Panamá necesita un sistema eléctrico eficiente, confiable, competitivo y capaz de acompañar su desarrollo. Por ello, el debate en el Legislativo no puede postergarse. Las propuestas del Ejecutivo y de la bancada independiente deben discutirse con seriedad, enriquecerse y perfeccionarse, con el interés público como prioridad y no como rehén de intereses particulares. La urgencia es mayor porque las actuales concesiones vencen en dos años y posponer la discusión podría conllevar su renovación automática y cerrar la puerta a una reforma necesaria. La actualización ya no es una opción: es una necesidad.
Hace 1 mesEl presidente de la República ha claudicado en su proclamado compromiso de mantener un diálogo semanal con la ciudadanía y los medios de comunicación.
Hace 1 mesEsta semana, mientras el mundo conocía los resultados de PISA 2025 y comparaba avances, retrocesos y desafíos educativos, Panamá volvió a destacar por una razón lamentable: su ausencia. Resulta paradójico que un país acostumbrado a aparecer en posiciones privilegiadas de distintos rankings internacionales quede fuera precisamente cuando se mide aquello que condiciona su calidad y su futuro: la educación. Ahora se hacen evidentes las consecuencias de haber renunciado a esta medición: Panamá perdió la trazabilidad necesaria para saber si las mejoras registradas en 2022 continuaron, se estancaron o retrocedieron. Y hay una máxima elemental: lo que no se mide difícilmente puede mejorarse. La carencia resulta más preocupante cuando el Meduca estrena ministro y tanto el Ejecutivo como la Asamblea hablan de una reforma educativa que todavía no se concreta. Panamá volverá a PISA en 2029. Hasta entonces, no puede reformar a ciegas ni esperar la próxima fotografía. Debe medir, corregir y transformar, pero también blindar las evaluaciones para que nunca más dependan de una decisión circunstancial.
Hace 1 mesComo los bomberos, los contralores parecen no pisarse las mangueras. Quien hoy dirige la fiscalización asegura no haber encontrado razones para reprochar la actuación de su antecesor, pese a cuestionar decisiones adoptadas durante aquella gestión. Con esta afirmación incurre quizá en la más palpable inconsistencia de lo que va de su período. La Contraloría ha remitido cientos de auditorías al Ministerio Público, mantiene millones de dólares en bienes cautelados a exfuncionarios y ha puesto bajo la lupa actuaciones del gobierno pasado. Incluso impugnó una prórroga portuaria, refrendada durante la administración anterior y posteriormente declarada inconstitucional. Sin embargo, la responsabilidad parece detenerse antes de alcanzar a quien encabezaba la institución encargada de fiscalizar y refrendar. No se trata de presumir culpabilidades ni de fabricar delitos. Se trata de exigir explicaciones a quien tenía la obligación de fiscalizar. Porque si todos pueden ser responsables menos quien estaba al mando, el mensaje es perverso: el contralor nunca tiene la culpa.
