La presidenta de la Asamblea Nacional ha reconocido que en el Órgano Legislativo hay nombradas más de 8 mil personas. Lo extraño es que, habiendo esa supuesta cantidad de funcionarios en un espacio tan reducido, caminar por sus oficinas e instalaciones sin tropezarse unos con otros sería imposible, lo mismo que todos puedan tener un puesto y trabajar todos simultáneamente. Por eso ahora –con un número de empleados similar a la cantidad de funcionarios que laboran para el Canal de Panamá– se hace necesario que la Contraloría General haga una auditoría. Si todos estos funcionarios están obligados a probar que no son botellas o que no han sido reclutados con contratos cash back, tendrían que estar todos en sus puestos de trabajo. Solo entonces veremos la magnitud del problema que es tratar de meter cien litros de agua en un recipiente con capacidad para un galón. Es que ni siquiera acomodando en las gradas a varios cientos de ellos –como improvisados espectadores de las sesiones del pleno– habría suficiente espacio para acogerlos a todos. Sería muy oportuno un conteo sorpresa por parte de auditores del Estado, pero lo más seguro es que –por pura complicidad– jamás sepamos cuántos verdaderamente trabajan allí.