Está muy bien que el Estado procure estimular la economía del interior del país, particularmente de aquellas provincias golpeadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. Pero la tragedia no puede convertirse en una justificación para repartir dinero público sin reglas claras. La Asamblea Nacional acaba de aprobar un proyecto de ley que contempla la asignación de “apoyos económicos” a las juntas de carnaval y de carnavalitos de todo el país, pero no establece montos ni topes. Tampoco define cuántas juntas recibirán el beneficio. Estas omisiones plantean interrogantes sobre el alcance del gasto y los controles que deberán aplicarse. A la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) se le encomienda recibir informes financieros y comprobantes de gastos de cada junta de carnaval, pese a que no participó en el debate ni consta que esté enterada de la existencia de un proyecto que le endilga esta función. Se le asigna así una responsabilidad fiscalizadora sin aclarar si dispone del personal, los recursos y la capacidad para asumirla. La recuperación económica de todo el país es necesaria, pero no puede convertirse en una excusa para distribuir dinero público sin reglas precisas, controles efectivos ni rendición de cuentas.