Los daños que dejó el terremoto de hace dos semanas están lejos de poder ser evaluados en su completa extensión. Hay consecuencias dolorosas en distintas regiones, pero en especial en Macaracas, Tonosí, Pedasí, La Miel, Isla Cañas, entre otras comunidades cuyas enormes carencias y vulnerabilidades las mantenían desde hace mucho tiempo viviendo su propia tragedia. Porque este terremoto, además de no tener precedentes recientes, golpeó a zonas aquejadas por una pobreza multidimensional, con grandes insuficiencias en educación, trabajo, vivienda, ambiente y salud. La catástrofe encoge el alma y exige acciones urgentes de nuestros gobernantes y la solidaridad de todos los sectores del país. Hay que actuar sin demora y las respuestas deben llegar a quienes verdaderamente las necesitan. Pero esa movilización —urgente, apremiante, necesaria— debe llegar hasta el fondo. Este desastre también nos obliga a mirar las desigualdades que hemos tolerado durante décadas. No basta con reparar paredes, techos, puentes y caminos. Hay que combatir las precariedades que muchas de esas familias han estado padeciendo desde antes del sismo, garantizar sus servicios básicos y crear verdaderas oportunidades para que progresen. Devolver a estas comunidades a la misma fragilidad, sin ofrecerles condiciones dignas para vivir, sería lo mismo que devastarlas otra vez, pero a largo plazo.