La Fiscalía General pidió el lunes a la Corte Suprema de Justicia de Colombia condenar a quienes fueran dos importantes funcionarios en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe por su presunta participación en una red de espionaje.
La petición de sentenciarlos a prisión, pero sin precisar tiempo, fue formulada en una audiencia pública en Bogotá por la fiscal María Victoria Parra quien, ante los magistrados del alto tribunal, sostuvo que "no hay dudas de la antijuridicidad de su proceder y mucho menos sobre la responsabilidad penal que en estos hechos cabe imputar a los doctores María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno".
Ambos, en su momento, fueron acusados por delitos relacionados con actividades de espionaje y concierto para delinquir en espionajes a magistrados, activistas y periodistas. Hurtado, que al parecer se encuentra en Panamá, era la directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o la policía secreta, y Moreno era el secretario general de la Presidencia de la República.
Los dos se han mostrado ajenos a cualquier ilegalidad, pero testigos --exdetectives de la policía secreta-- han dicho que ellos les pedían información y que el entonces presidente Uribe era conocedor de esa situación. Uribe ha dicho que si hubo alguna irregularidad en ese servicio, fue obra de funcionarios corruptos de esa entidad. Hasta ahora en contra del expresidente (2002-2010) no hay ninguna investigación formal por estos hechos.
Hurtado se asiló en Panamá a fines de 2010 con el argumento de que en Colombia su vida corría peligro y que no tenía garantías para someterse a un juicio justo. En mayo pasado la Corte Suprema de Panamá revocó el asilo concedido a Hurtado, pero todo parecer indicar que todavía continúa en ese país.
En febrero de 2009 la revista bogotana Semana publicó un artículo que daba cuenta de que desde el servicio secreto se espiaba a los magistrados de la Corte Suprema, a periodistas, a integrantes de organizaciones no gubernamentales y, en general, a opositores del gobierno de Uribe.
Desde entonces la Fiscalía inició una vasta investigación que llevó a prisión a no menos de 20 funcionarios de la policía secreta, organismo que dependía directamente de la Presidencia y que fue clausurado en 2011 por el presidente Juan Manuel Santos a raíz de los mencionados escándalos de corrupción.