Investigación global

El mundo ‘offshore’ de Mossack Fonseca, bajo la lupa

De acuerdo con información obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), más de 128 políticos y funcionarios alrededor del mundo habrían manejado de forma secreta miles de millones de dólares en bancos y compañías fantasmas a través de jurisdicciones offshore.

Los documentos también revelarían cómo muchas de las firmas legales y grandes bancos venden el secreto financiero a políticos, defraudadores y traficantes de drogas, al igual que a millonarios, celebridades, incluidas, estrellas deportivas.

Consultada por La Prensa sobre estas publicaciones internacionales, la directora de Asuntos Legales de Mossack Fonseca, Sara Montenegro, dijo que la firma emitirá un comunicado o declaración este domingo. Actualmente, están planificando la estrategia de comunicación.

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El presidente ruso Vladimir Putin habría manejado de forma secreta casi $2 mil millones en bancos y compañías fantasmas a través de jurisdicciones offshore. El caso del gobernante es uno de los de varios líderes y exlíderes mundiales que habrían operado de esta forma, de acuerdo con información obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Los documentos incluirían detalles de las transacciones financieras, hasta ahora desconocidas, de 128 políticos y funcionarios alrededor del mundo. También revelarían cómo muchas de las firmas legales y grandes bancos venden el secreto financiero a políticos, defraudadores y traficantes de drogas, al igual que a millonarios, celebridades, incluidas, estrellas deportivas.

Los primeros ministros de Islandia y Paquistán, el rey de Arabia Saudita y los hijos del presidente de Azerbaiyán son otras figuras del mundo que presuntamente habrían controlado sociedades offshore, de acuerdo con estos documentos. También incluirían, al menos, a 33 personas y compañías que están en la lista negra del Gobierno de Estados Unidos por supuestamente realizar negocios con narcotraficantes mexicanos, con organizaciones terroristas, como Hezbollah o naciones con bloqueos, como Corea del Norte e Irán. Incluso, el Gobierno estadounidense ya habría advertido que una de las sociedades que aparece en los documentos obtenidos por el diario pudo haber suplido de combustible a un avión que Siria utilizó para bombardear y asesinar a miles de sus ciudadanos.

“Estos hallazgos muestran cuán profundamente arraigada están las prácticas nocivas y la criminalidad en el mundo offshore”, aseguró Gabriel Zucman, economista de la Universidad de California en Berkeley y autor del libro Las riquezas escondidas de las naciones: flagelo de los paraísos fiscales.

Zucman, quien fue informado de esta investigación, añadió que las publicaciones deben impulsar a los gobiernos a buscar “sanciones concretas” contra las jurisdicciones que avivan el secreto offshore.

En los documentos compartidos por el diario alemán con el ICIJ, también se mencionan a líderes mundiales que presuntamente se aprovechan de los vehículos offshore para cometer actos de corrupción o para ocultarlos. Aparecen -asegura el consorcio periodístico- compañías que estarían ligadas con la familia del principal líder de China, Xi Jingpin, quien antes de asumir como presidente de su país, juró luchar “contra los ejércitos de la corrupción”; al igual que el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, quien se ha identificado a sí mismo como el reformador de un país, agitado por escándalos de corrupción. También incluirían nuevos detalles de transacciones offshore de la familia de David Cameron, el primer ministro de Gran Bretaña.

La mayoría de los servicios que brinda la industria offshore son legales. Sin embargo, los documentos a los que tuvo acceso el diario alemán Süddeutsche Zeitung habrían dejado al descubierto a bancos, firmas de abogados y otros actores de este mundo que con frecuencia habrían dejado de cumplir con los requerimientos legales creados para confirmar que sus clientes no están involucrados en empresas criminales, evasión de impuestos o corrupción política.

Los documentos, incluso, revelan que ciertos intermediarios habrían ocultado transacciones sospechosas y manipulado los registros oficiales para protegerse a sí mismos y a sus clientes.

De acuerdo con la información, varios de los bancos más importantes en todo el mundo, como UBS y HSBC, serían los verdaderos timoneles detrás de la creación de compañías difíciles de rastrear en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Seychelles, Anguila y Bahamas, entre otras jurisdicciones. Los archivos contendrían más de 15 mil 600 compañías de papel, establecidas por bancos y otras entidades para esos clientes que deseaban mantener sus finanzas en secreto.

Putin, por ejemplo, habría utilizado estas facilidades bancarias para mover dinero mediante transacciones de hasta $200 millones a personas de su círculo cercano. Sus socios, de acuerdo con la investigación del ICIJ, disfrazaron pagos, cambiaron fechas de documentos y ganaron influencia de forma anónima, dentro de los medios de comunicación y de grandes industrias automotrices en Rusia.

En conferencia de prensa, un portavoz del Kremlin prefirió no contestar las preguntas sobre estas acciones. En su lugar, acusó al ICIJ de preparar un “ataque informativo” contra Putin y personas cercanas a él.

Los documentos obtenidos por el diario alemán y compartidos con el ICIJ proceden de la firma panameña Mossack Fonseca, que tiene sucursales u oficinas en Hong Kong, Miami, Zúrich, las Islas Vírgenes Británicas y más de una treintena de otros lugares.

La información contiene datos sobre 214 mil 488 entidades offshore ligadas a personas en más de 200 países. Así como de las 21 jurisdicciones financieras en donde Mossack Fonseca tiene presencia.

Los archivos relacionarían a la firma panameña con empresas o personas vinculadas al comercio de diamantes de África y al mercado clandestino de arte internacional, entre otros.

Otro de los prominentes clientes de la firma es el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson quien, junto a su esposa, habrían adquirido una sociedad offshore que se presume retuvo millones de dólares en bonos del Banco Islándico durante la crisis financiera de su país.

También se menciona a un lavador de dinero convicto, quien habría confesado haber hecho contribuciones ilegales por $50 mil para pagar a los ladrones en el caso Watergate.

La cartera de clientes de Mossack Fonseca también incluiría a algunos de los protagonistas del robo de oro más importante en Inglaterra y a varios de los actores en el escándalo de la FIFA.

Los documentos en posesión del ICIJ revelarían que el bufete del uruguayo Juan Pedro Damiani, miembro del Comité de Ética de la FIFA, habría mantenido negocios con tres hombres involucrados en el escándalo de esta organización: el exvicepresidente Eugenio Figueredo, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis. Estos dos últimos, padre e hijo, fueron acusados de pagar coimas a cambio de derechos televisivos de partidos de fútbol en América Latina.

La información del consorcio periodístico dejaría en evidencia que el bufete de Damiani en Uruguay representó a una sociedad offshore vinculada a los Jinkis y a siete sociedades de Figueredo. En respuesta a las averiguaciones del ICIJ, la Comisión de Ética de la FIFA ha comenzado una investigación sobre la relación entre Damiani y Figueredo.

Pero estas no serían las únicas personas vinculadas al fútbol que serían clientes de Mossack Fonseca. El mejor jugador del mundo, Lionel Messi, y su padre, serían los dueños de una sociedad en Panamá, Mega Star Enterprises. En España, Messi ha sido acusado formalmente de evadir impuestos a través de, precisamente, sociedades offshore.

Además, los archivos en manos del ICIJ mostrarían cómo la sede de su representación en Nevada trató de cubrirse a sí misma y a sus clientes del fallo por la acción legal de una corte de distrito en Estados Unidos, al remover los registros en papel de su oficina en Las Vegas y borrar registros electrónicos de sus teléfonos y computadoras.

Los mismos documentos mostrarían que la firma habría ofrecido con regularidad fechar los documentos de forma retroactiva -por lo que cobraban alrededor de $9- con la finalidad de ayudar a sus clientes para que tomaran ventajas en sus asuntos financieros.

“Sus alegatos de que nosotros le proporcionamos a los accionistas estructuras supuestamente diseñadas para esconder la identidad de los verdaderos propietarios son totalmente injustificados y falsos”, contestó la firma ante la consulta elevada por el ICIJ.

El bufete añadió que cambiar las fechas de los documentos “ es una práctica bien establecida y aceptada”, la cual es “común en nuestra industria y su objetivo no es el de cubrir o esconder actos ilegales”.

Mossack Fonseca alegó no poder contestar las preguntas relacionadas con clientes específicos debido a su obligación de mantener la confidencialidad del cliente.

Ramón Fonseca Mora, cofundador de la firma, dijo en una entrevista reciente en la televisión panameña que ellos no tienen responsabilidades sobre lo que hacen sus clientes con las compañías offshore que venden. Comparó la firma con una “ fábrica de automóviles”, cuya responsabilidad acaba una vez el carro es producido. Según él, culpar a Mossack Fonseca por lo que hacen las personas con sus compañías sería como culpar a la fábrica de automóviles “cuando el carro es usado para robar”.

BAJO EL ESCRUTINIO

Las operaciones de Mossack Fonseca casi siempre han sido algo anónimo para las personas fuera del mundo offshore. Sin embargo, en los últimos meses han estado bajo un escrutinio creciente, debido a que algunos gobiernos obtuvieron filtraciones parciales de los archivos de la firma, por lo que autoridades en Alemania y Brasil, por ejemplo, han comenzado a investigar sus prácticas.

Precisamente, en febrero de 2015, el diario Süddeutsche Zeitung reportó que en Alemania se habían realizado allanamientos que tenían como blanco uno de los bancos más grandes del país, el Commerzbank. El periódico también habría informado de la apertura de una investigación de fraude fiscal en la que la firma panameña estaría involucrada.

En Brasil, Mossack Fonseca ha sido varias veces mencionada en la investigación por supuestos sobornos y lavado de dinero en la Operación Lava Jato, en la que se han formulado cargos criminales a líderes políticos, incluyendo la investigación popular al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los fiscales brasileños llegaron a calificar a la firma panameña como “ grandes lavadores de dinero” y anunciaron en ese momento que formularían cargos criminales contra cinco empleados de la representación brasileña de la firma. Mossack Fonseca, por su parte, niega cualquier irregularidad en Brasil, así como la formulación de cargos a los empleados de su franquicia en Brasil.

‘EL CRIMEN DEL SIGLO’

Antes del amanecer del 26 de noviembre de 1983, seis ladrones entraron a la bodega de Brink’s-Mat en el Aeropuerto Heathrow de Londres. Amarraron a los guardias de seguridad, los rociaron con gasolina, encendieron un fósforo y amenazaron con quemarlos, a menos que abrieran la bóveda. En su interior había alrededor de 7 mil barras de oro, diamantes y efectivo. “Muchas gracias por su ayuda. Tengan una feliz Navidad”, dijo uno de los ladrones al salir. Los medios británicos llamaron a este “el crimen del siglo”.

La mayoría del botín nunca fue recuperado, incluyendo lo generado por derretir y vender el oro. De acuerdo con los documentos que el diario alemán compartió con el ICIJ, el otro miembro fundador de Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, pudo haber ayudado a mantener el dinero fuera del alcance de las autoridades.

Los registros muestran que 16 meses después del robo, la firma estableció en Panamá una compañía llamada Feberion Inc., para un tal Gordon Parry, un comerciante de mala fama en Inglaterra que presuntamente lavó dinero para los delincuentes de Brink’s-Mat.

Según los  documentos el propio Mossack habría figurado en la sociedad como uno de los directores nominativos, término que se utiliza en el mundo offshore para referirse a quien administra la compañía en papel, pero que no tiene autoridad real sobre sus actividades.

La información del ICIJ muestra que en 1986 Mossack habría asegurado tener conocimiento de que la compañía estaba aparentemente involucrada en el manejo de dinero procedente del robo del Brink’s-Mat. “La compañía en sí no ha sido ilegalmente usada, pero podría ser que la compañía hubiese invertido dinero a través de cuentas bancarias y propiedades obtenidas ilegalmente”, habría advertido el abogado, según los documentos entregados al ICIJ.

Los registros muestran que, en vez de ayudar a las autoridades a tener acceso a los bienes de Feberion, la firma tomó medidas que habrían dificultado la investigación policial sobre el caso. Según los archivos del ICIJ, el bufete habría emitido 98 nuevas acciones luego que las autoridades hubiesen obtenido 2 acciones originales.

En 1995, tres años después de que Parry fue sentenciado a una década en prisión por su papel en el robo del oro, Mossack Fonseca habría puesto fin a su relación comercial con Feberion.

Un vocero de la firma afirmó que cualquier acusación de que la firma ayudó a estos delincuentes es “completamente falsa”. Añadió que Jürgen Mossack no tuvo ninguna relación con Parry y que la policía nunca los ha contactado sobre el tema.

Precisamente, el sistema offshore depende de la expansión de la industria de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios, que deben proteger las identidades de sus clientes. Muchas veces esa protección ayuda a disfrazar dinero sucio mediante la creación de sociedades anónimas, fideicomisos y otras entidades.

Las medidas tomadas por Mossack Fonseca en el caso Feberion habrían incluido utilizar los servicios de la firma con base en Panamá, a través de la sociedad Chartered Management Company, dirigida por Gilbert Straub, para que estos suministraran los nuevos directores de la sociedad tras la renuncia de Mossack.

Según Robert Mazur, un antiguo agente de narcóticos de Estados Unidos, Straub fue capturado en Estados Unidos mucho después, en una redada de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Fue entonces cuando confesó su culpabilidad en el lavado de dinero. También reveló cómo canalizó fondos ilegales para la campaña de reelección del presidente Richard Nixon, en 1972.

En su respuesta al ICIJ, Mossack Fonseca aseguró que seguían “tanto la letra como el espíritu de la ley. Por esto, en casi 40 años de funcionamiento no hemos sido imputados por actos delictivos”.

La firma Mossack Fonseca -desde su fundación por Jürgen Mossack, abogado de ascendencia alemana, y Ramón Fonseca Mora, novelista y ex asesor presidencial en dos gobiernos y actualmente ministro consejero -en licencia- se ha dedicado a la creación de sociedades en Panamá y en muchos otros territorios.

De acuerdo con los registros que maneja el ICIJ, la firma ha trabajado con grandes bancos y bufetes en los Países Bajos, México, Estados Unidos y Suiza, cuyo fin sería el de ayudar a sus clientes a mover dinero o reducir sus facturas fiscales.

Según un análisis del consorcio de investigación periodística, más de 500 bancos -y sus subsidiarias- han trabajado con Mossack Fonseca en la creación y administración de compañías offshore.

Mossack Fonseca afirma que sus intermediarios son sus verdaderos clientes y no los clientes finales, que son lo que realmente usan estas entidades offshore. Además, la firma ha indicado que estos intermediarios son capas adicionales de vigilancia para la revisión ( due diligence) de nuevos clientes. En cuanto a sus procedimientos, Mossack Fonseca ha dicho que con frecuencia estos exceden “las normas y estándares existentes a los cuales nosotros y otros estamos obligados” a cumplir.

SECRETOS Y VÍCTIMAS

El padre de Nick Kgopa murió cuando Nick tenía 14 años de edad. Los compañeros de su padre en la mina de oro en la que trabajaba, al norte de Sudáfrica, aseguraron que este había muerto por su exposición a químicos.

Nick, su madre y su hermano menor, quien es sordo, sobrevivieron gracias a los cheques mensuales provenientes de un fondo para viudas y huérfanos de mineros.

Pero un día, los pagos dejaron de llegar.

La familia de Nick fue una de las tantas que perdieron su pensión debido a un fraude de fondos de inversión, por $60 millones, que habrían perpetrado empresarios sudafricanos. De acuerdo con las investigaciones judiciales de aquel entonces, una compañía de manejo de bienes, Fidentia, fue la responsable del saqueo de los millones del fondo de inversión, que incluía los beneficios de muerte de los mineros y que protegía a más de 46 mil viudas y huérfanos.

Las autoridades lograron arrestar a Graham Maddock por su participación en el fraude, a través de la sociedad Fidentia. Según los documentos a los que tuvo acceso el ICIJ, Maddock le habría pagado a Mossack Fonseca $59 mil entre 2005 y 2006 para establecer sociedades offshore, incluyendo una llamada Fidentia North America. La firma panameña le brindó un “servicio VIP”, según figuraría en los documentos entregados al ICIJ.

Los archivos obtenidos por el diario Süddeutsche Zeitung mostrarían que Mossack Fonseca habría creado estructuras offshore para Steve Goodwin, señalado por las autoridades sudafricanas como uno de los principales actores en el caso Fidentia. Goodwin, incluso, se habría reunido con abogados de la firma panameña en un hotel de lujo en Nueva York. Según darían cuenta los archivos, ambos hablaron “profundamente” sobre el escándalo Fidentia, y el abogado de la firma habría dicho que “convenció” a Goodwin de proteger mejor sus bienes a través de compañías offshore.

El abogado advirtió que Goodwin no estaba involucrado en el escándalo “en forma alguna”, y que era tan solo “una víctima de las circunstancias”. Goodwin aún cumple una sentencia de 10 años en Sudáfrica, tras declararse culpable de fraude y lavado de dinero, cuando fue arrestado en 2008, en Los Ángeles.

El arresto de Goodwin habría generado reacciones dentro de la firma, según afirma el ICIJ. Uno de los abogados habría propuesto tener a un contable “preparado” para “prevenir que los fiscales pudiesen tomar acciones contra las sociedades detrás de Hamlyn Property LLP”, que pertenecía a Goodwin.

Este es uno de los muchos escándalos en los que se ha visto involucrada la firma, a los que hay que sumar otro, en Indonesia, donde pequeños inversionistas denunciaron que una compañía registrada por Mossack Fonseca en Islas Vírgenes Británicas fue utilizada para robarle unos $150 millones a más de 3 mil personas.

Uno de esos inversionistas, incluso, habría llegado a comunicarse con la firma en 2007. “Nosotros necesitamos realmente nuestro dinero para pagar la matrícula para la educación de nuestros hijos este abril”, le dijo. Conoció de la existencia de la firma luego de ver su nombre en el folleto que lo anunciaba como inversionista de fondos.

Mossack Fonseca no contestó a las preguntas que hiciera el ICIJ relacionadas a su vinculación con Goodwin.

EXPUESTOS POLÍTICAMENTE

El 10 de febrero de 2011, una sociedad anónima en Islas Vírgenes Británicas, llamada Sandalwood Continental Ltd., le prestó $200 millones a una entidad similar llamada Horwich Trading Ltd., domiciliada en Chipre.

Al día siguiente, Sandalwood le asignó los derechos para recibir los pagos sobre el préstamo, incluyendo los intereses, a Ove Financial Corp., una sociedad de Islas Vírgenes Británicas. De acuerdo con los documentos en mano del ICIJ, Ove habría pagado $1 por esos derechos.

El mismo día, Ove reasignó sus derechos para cobrar el préstamo a una compañía panameña llamada International Media Overseas. Esta también pagó $1 por esos derechos. En 24 horas, el préstamo habría sido transferido a tres países, dos bancos y cuatro compañías, proceso que usualmente dificulta el rastreo de bienes.

La huella del préstamo giraba alrededor de personas vinculadas con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El Banco Rossiya, con base en San Petersburgo, institución cuya mayoría de propietarios y presidentes han sido llamados los “cajeros” de Putin, fue el que creó Sandalwood Continental.

International Media Overseas, en el que presuntamente habrían terminado los pagos de intereses de los $200 millones, estaría controlada por Sergey Roldugin, violinista clásico y padrino de la hija mayor de Putin.

El préstamo por $200 millones fue una de las docenas de transacciones vinculadas a fondos que totalizaban, al menos, $2 mil millones, cuyo rastro reposaría en los archivos que obtuvo Süddeutsche Zeitung sobre la firma Mossack Fonseca, y que involucrarían a personas y compañías ligadas a Putin.

A través de ellas, el Banco Rossiya habría obtenido la mayoría de las acciones del más grande fabricante de camiones en Rusia y también habría incursionado en el negocio de medios de comunicación.

Los pagos realizados por las personas cercanas a Putin podrían, incluso, considerarse como parte de los pagos a cambio de contratos con el Estado ruso. Los documentos sugieren que la mayoría del dinero del préstamo por $4 mil 200 millones provino de un banco en Chipre, cuyo principal accionista en aquel momento era el Banco VTB, controlado por el Estado de Rusia.

En rueda de prensa la semana pasada, el portavoz de Putin, Dimitry Peskov, manifestó que el Gobierno no respondería a las interrogantes del ICIJ porque eran preguntas que se habían hecho “cientos de veces y respondidas cientos de veces”. Peskov añadió que Rusia está “provista del arsenal legal necesario nacional e internacionalmente para proteger el honor y la dignidad de nuestro presidente”.

En teoría, las leyes nacionales y los acuerdos internacionales deberían regular que firmas como las de Mossack Fonseca estén pendientes de que sus clientes puedan estar involucrados en el lavado de dinero, evasión de impuestos o cualquier otro acto ilícito. Estas regulaciones exigen una atención especial a las personas expuestas políticamente (PEP), que incluye a funcionarios y a sus familias. Cuando alguien resulta ser un PEP, se espera que el intermediario que crea sus compañías revise con cuidado sus actividades para asegurarse de que no estén involucrados en actos de corrupción.

Mossack Fonseca le dijo al ICIJ que ellos tienen las “políticas y procedimientos debidamente establecidos para identificar y manejar aquellos casos en los cuales los individuos resultan ser calificados como PEP o están relacionados con estos”.

Sin embargo, la información que maneja el ICIJ muestra que la firma panameña quizás no sea tan rigurosa en este tema. Una auditoría interna realizada en 2015 habría determinado que Mossack Fonseca tenía conocimiento sobre las identidades de los verdaderos dueños de tan solo 204 de las 14 mil 86 compañías que habían incorporado en Seychelles, isla localizada en el océano Índico.

En las islas Vírgenes Británicas, Mossack Fonseca también habría tenido dificultades. Las autoridades de la isla caribeña habrían multado a la firma con $37 mil 500 por supuestamente violar las normas antilavado de dinero, ya que habrían incorporado una compañía para el hijo del expresidente egipcio Hosni Mubarak, después de que ambos fueron acusados de corrupción en su país. “Nuestra fórmula para la evaluación de riesgo es seriamente defectuosa”, habría concluido la revisión interna.

Un análisis del ICIJ sobre la documentación que posee sobre la firma concluye que esta tiene a 58 familiares y asociados de primeros ministros y reyes dentro de su cartera de clientes.

Los registros muestran, por ejemplo, que familiares del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, habrían utilizado fundaciones y compañías en Panamá para mantener secretas inversiones en minas de oro y bienes raíces en Londres.

Los hijos del primer ministro Paquistaní, Nawaz Sharif, también serían dueños de bienes raíces en Londres, a través de entidades creadas por Mossack Fonseca.

Los miembros de la familia de al menos ocho miembros actuales o previos del Politburó Standing Committee de China, principal autoridad normativa del país, tendrían en su haber compañías offshore creadas por Mossack Fonseca. Dentro de esta lista se encuentra el cuñado del presidente Xi, quien habría establecido dos compañías en las Islas Vírgenes Británicas en 2009.

Los representantes de los azeríes, paquistaníes y chinos no respondieron a las preguntas que les envió el ICIJ.

El actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, también está incluido en la lista de líderes mundiales que habrían utilizado a Mossack Fonseca para establecer entidades offshore. Macri, de acuerdo con los documentos del ICIJ, habría sido el director y vicepresidente de una compañía en Bahamas, administrada por Mossack Fonseca durante su época como alcalde de la capital argentina. Un vocero del presidente aseguró que el gobernante nunca fue personalmente propietario de acciones en esta sociedad, la cual era parte de las empresas de su familia.

En 2014, en plena invasión rusa a la región ucraniana de Dombás, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, logró juntar los documentos necesarios para crear una compañía en las Islas Vírgenes Británicas, según la información que maneja el ICIJ.

El vocero de Poroshenko aseguró que la creación de la compañía no tenía nada que ver con “ningún evento político o militar en Ucrania”. Los consejeros financieros de Poroshenko, por su parte, dijeron que el presidente no había incluido a la firma de BVI en su declaración financiera de 2014 debido a que ninguna de estas compañías ni las dos que posee en Chipre y los Países Bajos poseía ningún bien. Añadieron que las compañías eran parte de la reestructuración corporativa para ayudar a vender la empresa de confitería propiedad de Poroshenko.

El actual primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunlaugsson, también aparece en los datos del ICIJ. Al ingresar al Parlamento de su país, en 2009, él y su esposa habrían compartido la propiedad de una compañía offshore en Islas Vírgenes Británicas. Meses más tarde, le habría vendido sus acciones a su esposa por $1.

La sociedad tenía bajo su poder una serie de bonos que valían originalmente millones de dólares en tres enormes bancos de Islandia que quebraron durante la crisis financiera mundial de 2008, por lo que el político islandés era el acreedor de sus bancarrotas. Durante el último año de su gobierno, Gunnlaugsson anunció un acuerdo con los acreedores. No anunció, sin embargo, la participación financiera de su familia en el trato.

En los últimos días, Gunnlaugsson ha negado que los intereses financieros de su familia hubiesen influido en su postura. Tampoco ha dejado claro si sus posiciones políticas beneficiaron o perjudicaron los valores de los bonos a través de la compañía offshore.

Durante una entrevista con Reykjavic Media, socio del ICIJ, Gunnlaugsson negó esconder bienes. Cuando fue confrontado con el nombre de la compañía offshore ligada a él - Wintris Inc.-, el primer ministro dijo: “Me estoy empezando a sentir un poco extraño con estas preguntas, ya que parece como si ustedes me estuvieran acusando de algo”.

Poco después, el presidente finalizó la entrevista.

A los días, su esposa tocó el asunto en público en una nota en Facebook, en la que aseguraba que la compañía era suya y no de su esposo, y que ella había pagado todos los impuestos correspondientes.

Desde entonces, los miembros del Parlamento de Islandia han cuestionado a Gunnlaugsson sobre el porqué nunca reveló la existencia de la sociedad. Incluso, han pedido que renuncie a su cargo.

El primer ministro ha intentado defenderse con una declaración de ocho páginas, en la que afirma que no tenía la obligación de hacer público su vínculo a Wintris, ya que su esposa era quien realmente poseía la sociedad y que no tenía ninguna actividad comercial”.

ENCUBRIMIENTOS ‘OFFSHORE’

En 2005, un barco de turismo llamado Ethan Allen se hundió en el lago George, de Nueva York. Se ahogaron 20 turistas de edad mayor. Después de que los supervivientes y los familiares de los muertos interpusieran una demanda, se enteraron de que la compañía de turismo no tenía seguro, debido a que un defraudador les había vendido una póliza falsa.

Malchus Irvin Boncamper, un contador en la isla San Cristóbal y Nieves, se confesó culpable ante una corte de Estados Unidos, en 2011, de ayudar a blanquear el dinero proveniente de este fraude, y de otros.

De acuerdo con la información del ICIJ, Boncamper era conocido por Mossack Fonseca, pues le habría servido como testaferro -o director nominativo- en unas 30 compañías creadas por la firma.

Al conocer la condena de Boncamper, la firma habría ordenado removerlo como director de las sociedades en las que aparecía y cambiar las fechas de su remoción a fin de pareciera que se había realizado una década antes.

No sería la primera vez que se relaciona a Mossack Fonseca con este tipo de prácticas. En el caso de la Operación Lava Jato, en Brasil, los fiscales alegaron que empleados de la firma destruyeron y ocultaron documentos en un caso anterior para tapar su participación en un caso investigado años atrás. Un documento obtenido por la policía indicó que en aquel caso un empleado de la firma de la oficina de Brasil envió un correo electrónico dándole instrucciones a sus subalternos de trabajo. “No dejen nada. Yo los guardaré en mi carro o en mi casa”, dijo.

Los datos del ICIJ, por su parte, muestran que en Nevada habría ocurrido algo muy similar, en 2014. Según estos datos, empleados de Mossack Fonseca habrían ocultado el enlace entre la sede de la firma en Las Vegas y sus oficinas principales en Panamá para anticipar la orden de una corte estadounidense solicitando la entrega de información sobre 123 compañías incorporadas por Mossack Fonseca en aquella jurisdicción.

Las compañías en cuestión habrían sido ligadas por los fiscales de Argentina al escándalo de corrupción sobre una persona cercana a los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En un esfuerzo por desvincularse de la jurisdicción estadounidense Mossack Fonseca dijo que su sede en Las Vegas no era una sucursal de su oficina, sino una oficina independiente a la que le habían alquilado la franquicia.

Los documentos del ICIJ, sin embargo, mostrarían lo contrario. Estos indicarían que ellos habrían controlado la cuenta bancaria de su sede en Las Vegas y que los socios de la firma serían los dueños del 100% de esta oficina. La firma entonces habría gestionado varias medidas para eliminar documentos de la sucursal y todo rastro que los pudiera vincular. Habrían afirmado que el gerente de la sucursal podría estar muy “nervioso”, y que por esa razón los investigadores podrían descubrir que “estamos escondiendo algo”.

Mossack Fonseca declinó responder a las preguntas relacionadas con los asuntos de Nevada y Brasil, pero en general negaron obstruir las investigaciones o cubrir actividades impropias.

“No es nuestra política esconder o destruir documentos que pudiesen ser usados en alguna investigación o proceso pendiente”, afirmaron.

REFORMA DEL MUNDO SECRETO

En 2013, el primer ministro británico, David Cameron, urgió a los territorios de su país en el extranjero -incluyendo Islas Vírgenes Británicas- unir esfuerzos y así “poner la casa en orden”, e incorporarse a la lucha contra la evasión de impuestos y el secreto offshore.

Los documentos del ICIJ muestran que la propia familia del político podría haber tomado ventaja de este sistema.

Ian Cameron, multimillonario corredor de bolsa y difunto padre del primer ministro, fue cliente de Mossack Fonseca, y habría utilizado a la firma para ocultar su fondo de inversión, Blairmore Holdings Inc., y evadir el pago impuestos en su país.

El nombre de la entidad de fondos provino de la Casa Blairmore, donde vivió y se crió parte de la familia Cameron. Mossack Fonseca habría registrado la entidad en Panamá, pese a que la mayoría de sus inversionistas clave eran británicos. Ian Cameron habría controlado los fondos desde la creación de la sociedad, en 1982, hasta que falleció.

La firma panameña habría utilizado certificados de propiedad no rastreables, conocidos como acciones al portador, y empleado oficiales nominativos domiciliados en Bahamas para cumplir los objetivos por la que la entidad fue creada.

La historia del fondo de Ian Cameron es uno de los ejemplos que ilustra cómo el secreto offshore penetra profundamente las vidas de los políticos y las élites financieras alrededor del mundo, lo que dificulta las reformas fiscales en estas jurisdicciones.

En Estados Unidos, por ejemplo, estados como Delaware y Nevada, que han permitido que los dueños de las compañías sean anónimos, continúan luchando contra los esfuerzos para requerir de una mayor transparencia corporativa.

En abril de 2013, después de que el ICIJ liberara la información Offshore Leaks, basada en documentos confidenciales de Islas Vírgenes Británicas y Singapur, algunos clientes de Mossack Fonseca se habrían comunicado con la firma a fin de que les garantizaran que sus activos estaban a salvo del escrutinio público.

Mossack Fonseca les habría dicho entonces a sus clientes que no debían preocuparse. Habrían asegurado que su compromiso con la privacidad de sus clientes “siempre ha sido de suma importancia, y que al respecto, la información confidencial está guardada en un centro de datos de avanzada, y que cualquier información dentro de nuestra red global es manejada a través de algoritmos encriptados que cumplen con los más altos estándares mundiales”.

Detalles de las historias publicadas por el grupo de medios que participó en la investigación se puede encontrar en los sitios de Süddeutsche Zeitung, BBC, El Confidencial, The Guardian, La Nación de Argentina, Aristegui, IDL Reporteros, Univisión, Le Monde, Proceso, Reforma, entre otros.

Esta nota fue reporteada y escrita por Bastian Obermayer, Gerard Ryle, Marina Walker Guevara, Michael Hudson, Jake Bernstein, Will Fitzgibbon, Mar Cabra, Martha M. Hamilton, Frederik Obermaier, Ryan Chittum, Emilia Díaz-Struck, Rigoberto Carvajal, Cécile Schilis-Gallego, Matthew Caruana-Galizia, Miguel Fiandor y Mago Torres

 

 

 

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