REUNIÓN TRIPARTITA

Diplomacia disfuncional: Fernando Gómez Arbeláez

Cierta comunicación divulgada el pasado 14 de septiembre, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, informó de una reunión insólita entre funcionarios de las entidades públicas panameñas afines al sector marítimo. Según la información, en esa fecha la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, y representantes de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) se dieron cita en el Salón Bolívar de la Cancillería, “con el fin de analizar posibles implicaciones para Panamá por las recientes publicaciones aparecidas en diversos medios con relación a la reunión tripartita de presidentes entre Colombia, Costa Rica y Ecuador sobre el ‘cierre de fronteras marítimas”, comunes a dichos Estados. Agrega la información oficial que “las autoridades coincidieron en que solicitarán la documentación correspondiente para verificar que el cierre definitivo de fronteras marítimas entre esos países vecinos no tiene ninguna afectación para Panamá”. En otras palabras, el Gobierno ignora por completo qué fronteras han acordado los tres vecinos y requiere ex post facto de documentos que le permitan salir de su ignorancia.

El referido texto alude al encuentro sostenido cinco días antes por los presidentes de Colombia, Costa Rica y Ecuador –Juan Manuel Santos, Luis Guillermo Solís y Rafael Correa, respectivamente– en la ecuatoriana Puerto Ayora, ciudad de la isla Santa Cruz en el archipiélago de las Galápagos. Allí fueron presentadas las cartas náuticas señalando las fronteras marítimas que comparten en el océano Pacífico.

Colombia, Costa Rica y Ecuador son geográficamente nuestros vecinos próximos, siendo los dos primeros los únicos con quienes tenemos fronteras marítimas en el Pacífico. Por ende, llama la atención que en la Cancillería, la ACP, la AMP y la ARAP no se tuviera la menor idea de lo sucedido en el evento tripartito en Puerto Ayora.

Su desconocimiento total de la situación –aliviada en parte solo gracias a “publicaciones aparecidas en diversos medios”, no a conductos formales u oficiales– ha sacado a relucir dos desconcertantes realidades igual de inaceptables y graves de nuestra diplomacia tradicional. Una, que los Gobiernos de esos países no hallaron amistoso ni necesario informar siquiera al Gobierno de Panamá, al del único país ubicado en medio de los tres, de las motivaciones de su encuentro presidencial. La otra, que nuestras autoridades andan a ciegas con respecto de los actos oficiales de países vecinos, en especial de aquellos relacionados con fronteras marítimas comunes.

Panamá ha mantenido embajadas en Bogotá, San José y Quito por cerca de un siglo. No obstante, el personal diplomático asignado a estas capitales nada sabría, ni nada habría comunicado, de los pormenores del evento a la Cancillería, la cual, a la par de la ACP, AMP y ARAP, fue sorprendida en su oscuridad por las “publicaciones aparecidas en diversos medios”.

La inutilidad expuesta por esas embajadas da por sentado que sufren del mismo flagelo por tantos años característico de los nombramientos en el servicio exterior panameño: el predominio del imprudente favoritismo del Ejecutivo hacia políticos y allegados personales sobre el profesionalismo de cientos de graduados universitarios en relaciones internacionales y diplomacia.

Peor todavía, ningún funcionario panameño sabía que lo desarrollado en Puerto Ayora fue el simple resultado de años de gestión diplomática, de negociaciones bilaterales sobre aguas marinas y submarinas en el Pacífico: Colombia y Ecuador (1975-2012), Colombia y Costa Rica (1984-2001) y Ecuador y Costa Rica (1985-2016). En este último proceso, el convenio definitivo fue firmado en abril de 2014 en Quito, siendo ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en julio de 2015 y por la Asamblea Nacional del Ecuador en marzo de 2016. Pero, ¿nadie de nuestra Cancillería ni embajadas en San José y Quito se enteró oportunamente de estos hechos?

Y mientras la diplomacia panameña anda sin brújula en las aguas del Pacífico, su accionar sigue paralizado, casi inerte, en las del Atlántico.

El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya determinó que extensas áreas de zonas de plataforma continental y de explotación económica exclusiva en el mar Caribe no pertenecen a Colombia. Gran parte de la frontera común acordada con Panamá en 1976 quedó anulada por decisión de la Corte: al negarle a Colombia tales áreas, la CIJ excluyó la posibilidad de que allí exista una frontera colombo-panameña. Como consecuencia, Panamá tiene pendiente negociar una nueva frontera marítima en ese sector caribeño, tanto con Colombia como con Nicaragua.

El 17 de marzo de 2016, la CIJ determinó en otros dos casos, sobre la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas marítimas y sobre derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, que posee jurisdicción para decidirlos. Hasta el momento, Panamá no ha prestado atención ni demostrado interés en ninguno. ¿Saldrá la inoperante diplomacia panameña de su largo y negligente letargo? Por el bien de los intereses nacionales en riesgo, todos debemos mantenernos vigilantes para que con preparación y diligencia prontamente lo haga.

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