PANAMÁ-COLOMBIA

Lecciones de política exterior: Carlos Guevara Mann

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Lecciones de política exterior: Carlos Guevara Mann

Fue muy comentada la abstención panameña en la votación de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada el 31 de agosto, sobre la propuesta de tratar la crisis de la frontera colombo-venezolana en una reunión de cancilleres. Se acusó a Panamá de supeditar su agenda exterior a intereses económicos, pero también se dijo que su abstención respondía al maltrato colombiano.

El Decreto Presidencial No. 074 de 2013 impuso un nuevo arancel a los textiles y calzados procedentes de Panamá. Cuando Colombia desatendió las solicitudes panameñas de que se ajustara el gravamen, Panamá recurrió ante la Organización Mundial del Comercio. El dictamen del organismo, previsto para agosto de 2015, aún está pendiente (Ministerio de Comercio e Industrias, 27 de agosto de 2015).

El Decreto No. 1966 de 2014 incluyó a Panamá en una lista de “paraísos fiscales”. Cuando el Gobierno panameño amenazó con aplicar medidas de retorsión, Colombia accedió a extraer al istmo de la lista y negociar un marco de cooperación sobre asuntos financieros y tributarios, incluyendo un acuerdo para evitar la doble imposición.

El acuerdo debería suscribirse a más tardar el 30 de septiembre de 2015 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 21 de octubre de 2014). Según el ministro panameño de Economía y Finanzas, el proceso concluirá“sin presiones de fechas ni plazos fatales”, lo que sugiere que Colombia aspira a preponderar en las conversaciones (EFE, 10 de septiembre de 2015).

Desconociendo el descontento istmeño, hubo en Colombia expresiones de indignación por la conducta panameña en la OEA. Otros analistas, como la politóloga Sandra Borda, consideraron que la derrota diplomática de Colombia debe motivar una revisión de sus relaciones exteriores a fin de producir mejores resultados (Revista Arcadia, 16 de septiembre de 2015).

En Panamá se acusó al Gobierno de negociar su voto para no entorpecer la cancelación (o reducción) de la multimillonaria deuda comercial venezolana, cuyo pago se ha dificultado debido a las restricciones cambiarias aplicadas por Caracas. Pero también hubo alusiones a los reiterados agravios de Bogotá.

“Con Colombia”, dijo un analista que pidió el anonimato, “nos conecta el narcotráfico, los indocumentados, la asesoría militarista al Senafront, la prostitución y todos los tráficos. Nada de cultura, nada de ejemplos positivos, nada de beneficios para el istmo”, sentenció.

Las opiniones de este tipo parecen exageradas. Evidentemente, a pesar de las barreras arancelarias y de otra índole, los intercambios comerciales y los flujos lícitos de inversión entre ambos países son provechosos.

De los miles de colombianos que han sido recibidos en el istmo, muchos contribuyen honradamente al desarrollo de Panamá. En Colombia, por cierto, los emigrantes panameños no reciben la misma acogida.

Más allá de la exageración, en Bogotá se debería tomar nota de que muchos istmeños perciben a Colombia como un Estado problemático e irrespetuoso, exportador de violencia y criminalidad. Aunque, evidentemente, la realidad es mucho más compleja, el lector perspicaz notará que esta es la misma queja que ha planteado el Gobierno de Venezuela.

Una política exterior constructiva, como escribió la Dra. Borda, parte por asumir realidades como un sentimiento regional desfavorable a Colombia. A partir de ese reconocimiento, corresponde implementar acciones de política exterior orientadas a generar buena voluntad.

La promoción del sistema interamericano de derechos humanos, un trato respetuoso hacia los países vecinos (que excluya castigos arancelarios y amenazas de “listas negras”) y medidas eficaces para prevenir las actividades ilegales de algunos colombianos en otros Estados constituirían un importante paso inicial.

Para ciertos observadores, el principal violador de los derechos humanos de los colombianos no es Venezuela, sino el Estado colombiano. Con sus acciones apegadas al derecho internacional, así como con su lucha contra la delincuencia, Bogotá lograría producir mayor apoyo por las causas que promueve.

El incidente diplomático también le deja a Panamá importantes lecciones. Los intereses económicos pueden ser tomados en consideración en la formulación de la política exterior, pero no deben, necesariamente, prevalecer sobre otras motivaciones.

El respeto por el derecho internacional debe ser incorporado y promovido, con coherencia y valentía, en la agenda internacional. Así lo han sostenido, desde los inicios de la República, los principales juristas istmeños, quienes han advertido de que en un sistema internacional en que impera la ley del más fuerte, el derecho internacional es la principal defensa de los Estados pequeños.

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