Acceder de forma sostenible a los medicamentos esenciales es un derecho humano. No obstante, como una contradicción, tal derecho es vulnerado por la propia industria farmacéutica, como lo han denunciado constantemente los movimientos sociales y prestigiosos científicos, como el danés Peter Gotzsche, profesor de medicina y farmacología clínica de la Universidad de Copenhague, en su libro Medicamentos que matan y crimen organizado, y la médica inglesa Ghislaine Lanctot, cuya obra La mafia médica, le valió el retiro de su licencia para ejercer la profesión.
Para aprehender las causas reales de este aberrante fenómeno, se debe entender que su esencia rebasa la propia naturaleza de la industria como tal. Porque más allá del respeto a cualquier derecho humano, el sistema económico capitalista, al amparo de una deleznable ética pragmática, privilegia la obtención de ganancias a cualquier costo; y como se fabrica para un mercadeo cautivo altamente vulnerable, la población enferma y desprotegida, se crea un margen de ganancia muy superior al existente en cualquier otra actividad económica en que se pudiese invertir. Existen indicadores que señalan que las farmacéuticas, en todo el mundo, generan una venta anual que excede los 600 mil millones de dólares, y que por cada dólar invertido, estas obtienen un retorno de mil dólares.
Esta rentabilidad desbocada ha convertido la fabricación de medicamentos en una actividad económica altamente concentrada y lucrativa, localizada hegemónicamente en los países desarrollados –Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica–, y en menor grado en países periféricos como Brasil, India y China, estos últimos preferentemente fabrican medicamentos genéricos. El poder de las denominadas big pharma se evidencia en el hecho de que 25 corporaciones realizan el 50% de las ventas mundiales anuales.
En un estudio preparado en 2009 por la Comisión Europea, se afirmó que en el comercio de los medicamentos la competencia no funciona y que los grandes grupos farmacéuticos ejecutaban campañas de descalificación en contra de los medicamentos genéricos, significativamente más económicos. Con ello minimizan la oportunidad que tuvieran los consumidores de acceder a esta solución buena y económica, con el consecuente desborde de las facturas de medicamentos, tanto a nivel de los pacientes en particular como a la de los sistemas públicos de salud.
Frente a los precios crecientes de los denominados medicamentos de marca o innovadores, y su insostenibilidad tanto a nivel de pacientes como de los sistemas públicos de salud, la única alternativa para los países en vías de desarrollo y con presupuestos limitados, Panamá entre ellos, son los medicamentos genéricos. Pero la campaña en contra de su uso ha calado con tanta efectividad en la opinión pública, que la única opción para vencer la resistencia, es que las autoridades sanitarias impongan medidas drásticas, que garanticen su bioequivalencia, mediante certificados de intercambiabilidad, emitidos por autoridades idóneas en los países desarrollados, en que se demuestre, mediante estudios hechos con rigurosidad científica, que el genérico en cuestión es exacto, en cuanto a efecto terapéutico, al llamado innovador o de marca.