Los escándalos de corrupción del pasado gobierno han sorprendido a los panameños. Fiscalías del Ministerio Público, juzgados y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) manejan voluminosos expedientes por estos casos.
Todo comenzó en noviembre de 2014 con la detención del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén. Desde entonces, se han cautelado propiedades, cuentas bancarias, yates y otros bienes. Van $140 millones aprehendidos.
Poco más de la mitad del gabinete de Ricardo Martinelli es investigado. Tres exministros están presos: Guillermo Ferrufino (Desarrollo Social); Frank De Lima (Economía y Finanzas) y Óscar Osorio (Desarrollo Agropecuario). Por las supuestas anomalías en el PAN se instruyen 11 expedientes en las fiscalías.
Incluso, el escándalo tocó al propio expresidente cuando el también exdirector de la entidad Giacomo Tamburrelli declaró bajo juramento que el exgobernante le ordenó confeccionar el contrato y designar a la empresa para la compra de comida deshidratada por $44.5 millones. En mayo pasado, la CSJ le abrió una investigación por este caso.
Mientras, el 12 de enero se destapó el escándalo de las escuchas ilegales, por el que los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz y Gustavo Pérez están detenidos.
Por este caso también es señalado Martinelli, a quien la CSJ le abrió otra investigación.
Otro escándalo que estremece al país guarda relación con el contrato de Cobranzas del Istmo, empresa que facturó $47.1 millones en comisiones por recaudar impuestos morosos. En esta investigación, el accionista principal de Cobranzas del Istmo, Cristóbal Salerno, devolvió $20.6 millones de un cobro supuestamente ilegal a Tocumen S.A.
El comerciante también declaró a la fiscalía que entregó a Martinelli bolsas con dinero por $400 mil y $600 mil, producto de las comisiones que obtenía Cobranzas. Asimismo, dijo que dio $6.8 millones a Luis Cucalón, exjefe de la Dirección de Ingresos (DGI). Cucalón permanece detenido.
Otra investigación de alto perfil tiene que ver con el supuesto desvío de dinero procedente del contrato del fallido proyecto de riego de Tonosí, en el que el gobierno de Martinelli desembolsó $37.1 millones sin que se hubiese adelantado nada. El exvicepresidente Felipe Pipo Virzi declaró que Martinelli le ordenaba cómo se hacían los pagos del dinero proveniente de Hidalgo & Hidalgo, la empresa encargada del proyecto.
En tanto, el caso de nepotismo por el que Edwin Cárdenas salió del Instituto de Mercadeo Agropecuario; y el de Grimaldo Córdoba, exjefe de promoción de Salud acusado de no tener idoneidad para ejercer la medicina, son escándalos que han afectado la imagen del nuevo gobierno.
