Las escuchas telefónicas ilegales que investiga el Ministerio Público, por las que han sido detenidos dos exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional, han generado opiniones entre defensores de derechos humanos, como José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, y Catalina Botero, exrelatora de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Lo que está saliendo a la luz pública en Panamá, gracias a las investigaciones judiciales, es de la mayor gravedad y debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias”, dijo Vivanco. Y es grave, añadió, porque “refleja que altos funcionarios del gobierno anterior aparentemente estaban violando el derecho a la privacidad de decenas de personas, entre ellos, políticos y miembros de la sociedad civil”.
Según Vivanco, esto “es una infracción a estándares internacionales que garantizan la privacidad en tratados de derechos humanos actualmente vigentes y de los cuales Panamá es signatario”.
El activista explicó que no es admisible que en una sociedad democrática se le reconozca al Gobierno “el derecho de actuar como hermano mayor” para violar toda las comunicaciones, y que sobre la base de información privada, luego abusar de ella, prestándose para todo tipo de delitos incluyendo, por ejemplo, la extorsión.
“Todos los ciudadanos tenemos una expectativa de privacidad respecto a nuestra comunicaciones más personales, y eso incluye las electrónicas, correo, chats, llamadas telefónicas, etc. que –insisto– solo pueden ser intervenidas mediante orden judicial, habiendo una causa jurídica que así lo justifique [...] y en la que se pueda demostrar, en términos inequívocos, que la interceptación es imprescindible para prevenir delitos o para resolver una investigación penal”, explicó.
Vivanco dijo que este tipo de prácticas “son propias de un estado totalitario, como los que existían en América Latina hace unos años o los regímenes de la guerra fría”.
Para el dirigente, no solo es muy importante, sino digno de aplauso la investigación que está impulsando la Fiscalía Auxiliar, “pero aquí lo más importante es que se llegue a las últimas consecuencias e identificar aquellos que instigaron, planificaron, encubrieron o utilizaron estos servicios de interceptación de comunicaciones privadas durante el gobierno anterior”, afirmó.
‘Efectos dramáticos’
Por su lado, Catalina Botero explora los riesgos del espionaje tecnológico. Uno de ellos es la capacidad de los gobiernos de adoptar medidas de vigilancia selectivas destinadas, no a combatir el crimen, sino a espiar a los críticos, a los opositores o a los periodistas independientes.
“Este tipo de espionaje gubernamental –sostuvo– tiene un efecto dramático sobre todo el conjunto de derechos. En primer lugar, se produce una afectación del derecho a la privacidad, es decir, del derecho a poder actuar en la esfera privada con la expectativa de que nadie nos vigila. Si se pierde esa expectativa, se pierde la posibilidad de actuar en libertad en esa esfera íntima y con ello, se hipotecan muchos de los derechos que deben ser defendidos en una democracia”.Botero cita ejemplos: “Si uno sabe que lo vigilan o que pueden vigilarlo, ya no será libre para expresar sus pensamientos e ideas sin miedo a represalias posteriores, y ello afecta gravemente la libertad de expresión. Tampoco se sentirá con la tranquilidad de expresar libremente sus preferencias religiosas, políticas o incluso sexuales y ello viola el derecho a tener un credo, una opción política o una preferencia sexual”.
La lista de derechos susceptibles de ser afectados por políticas abusivas de vigilancia es enorme, agregó Botero, como el derecho de la prensa a la reserva de la fuente, o del abogado o el médico, al secreto profesional, entre otros derechos esenciales para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática.
Tan importante es el derecho a la privacidad para proteger la libertad y la democracia que la Asamblea General de Naciones Unidas ha proferido en los últimos meses dos resoluciones sobre el tema, precisó.
Importantes teóricos de la democracia señalan que una de las diferencias más importantes entre un Estado totalitario y uno democrático es que, mientras en aquel las actuaciones del gobierno son secretas y la gente no tiene expectativa de privacidad, en este, las actuaciones del gobierno son públicas y las personas tienen el derecho a que se respete la vida privada, especialmente, frente al gobierno de turno, indicó Botero.