El presidente de la República Juan Carlos Varela confirmó su presencia hoy en la comarca Ngäbe-Buglé, para escuchar los planteamientos de la población en torno a la suspensión de la construcción del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.
Varela debe arribar a las 9:00 a.m. a Quebrada Plata, bajo Caña Blanca, distrito Müna, donde se dará la cita.
El Gobierno anunció esta semana la suspensión temporal de la obra, que tiene un avance del 95%, debido a varios incumplimientos sociales y ambientales.Los habitantes de la comarca han exigido la cancelación definitiva del proyecto y aunque saludaron la decisión gubernamental de los últimos días, no están satisfechos.
La confirmación de la visita de Varela se dio tras un confuso incidente en el que un grupo de ngäbes habría retenido al viceministro de Asuntos Indígenas, Irene Gallegos, aunque dirigentes comarcales señalaron que no se le retuvo sino que durante una reunión se acaloraron los ánimos.
“El señor Gallegos, también indígena, vino a conversar sobre las inquietudes de la comarca. En medio de la reunión se produjo una discusión, se acaloraron los ánimos, pero después todo se calmó”, afirmó Clementina Pérez, cacica de la región Ködriri
Gallegos, entre tanto, insistió en que sí fue retenido por grupos de la iglesia Mama Tata por espacio de cuatro horas, junto con otros funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente.
“Yo fui a representar al presidente a una reunión que ellos tenían cerca de la hidroeléctrica de Barro Blanco.. Se molestaron por la no presencia del presidente y me dijeron que yo no me podía mover del lugar”, expresó el viceministro.
Entre tanto, el dirigente indígena Bernardo Bejarano, presidente del Movimiento Abraham Montezuma, señaló que son más de 6 mil indígenas los que se encuentran ya hace varios días en la zona en una “vigilia permanente”, para hacer respetar sus derechos.
“La población se mantiene en la anulación del proyecto Barro Blanco, pero aquí vemos las máquinas como si nada”, dijo.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de panamá dijo ayer que suspender el proyecto era “muy peligroso” para la seguridad jurídica.