La Contraloría General de la República interpuso el pasado jueves 25 de agosto una demanda contencioso administrativa de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra del artículo 182-B del Estatuto Universitario de la Universidad de Panamá (UP) que estableció las bonificaciones para los académicos, así como su reciente incremento este año.
El artículo fue modificado por el Consejo General Universitario en sesiones extraordinarias celebradas el 23 de junio -seis antes de las elecciones en la UP- y 4 de agosto de 2016. Con esta modificación aumentó el reconocimiento por antigüedad que recibe un académico al retirarse a los 75 años de edad. Originalmente, la bonificación otorgaba hasta con 10 meses de sueldo pero se aumentó a 15 meses de remuneración, considerando el promedio los cinco años de mejores salarios.
En su demanda, la Contraloría establece que la normativa afecta los fondos públicos, vulnera la ley de carrera administrativa e incluso el Código Civil. Expone que al considerarse la remuneración y no los salarios, se incluye en el cálculo los gastos de representación, sobresueldos y demás prestaciones que reciban los servidores públicos.
“Es evidente que el Artículo 182-B del Estatuto Universitario, modificado por el Consejo General Universitario […] ocasiona un perjuicio notoriamente grave al patrimonio del Estado, habida cuenta que, en virtud de mismo, se reconoce el derecho a la bonificación por antigüedad del personal académico de la Universidad de Panamá, ampliando, por vía reglamentaria, el alcance de la norma legal que regula supletoriamente la bonificación por antigüedad, dada la ausencia de una norma que consagre tal derecho en la Ley 24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá”, indica la demanda.
Profesores de la Universidad de Panamá, en ejercicio y retirados, denunciaron que la bonificación se hizo para beneficiar al rector saliente, Gustavo García de Paredes, quien dejará la rectoría con más de 50 años laborados en la Casa de Méndez Pereira, así como a su equipo de vicerectores.
La semana pasada, el contralor Federico Humbert se refirió a la bonificación como "una gran sinvergüenzura".
Por su parte, la UP prepara una nota dirigida a la CSJ en la que exponen la cantidad de entidades estatales que reciben bonificación.
