Además de tener propiedades culinarias y valores nutricionales, la cebolla produce un ardor en los ojos cada vez que es cortada. Y parece que esa es la sensación que está causando en las últimas semanas este bulbo tan indispensable en la preparación de los alimentos.
Debido a la escasez y la fuerte importación, los precios de este producto se elevaron últimamente que ha traído como consecuencia un fuerte enfrentamiento entre productores, comerciantes y autoridades reguladoras.
El intercambio de opiniones ha generado la intervención del ministro de Desarrollo Agropecuario, Enrique Carles, para que se resuelvan estas desaveniencias.
De hecho esta semana, Óscar García Cardoze, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), dijo que la entidad comenzará una investigación contra los cebolleros por presunta fijación de precios.
La acción se produce tras conocerse que la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (Acpta), de la provincia de Chiriquí, acordó el lunes 25 de julio pasado, en asamblea general, que a partir del martes 27 de julio vendería el quintal de cebolla en $65 como precio en campo.
La decisión se toma por las “recientes y desmedidas” importaciones de cebolla que, según los afectados, se convierten en “un atentado directo en contra de la producción nacional”.
En este sentido, la Acpta acusa de la introducción reciente de 36 mil quintales introducidos, en adición a las cantidades por llegar en los próximos días. Incluso la semana pasada, la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) informó que en los próximos días estarían ingresando al país un millón de kilogramos (2.2 millones de libras) de cebollas provenientes de Perú y cerca de 400 mil kilogramos (880 mil libras) de Holanda con el fin de resolver la escasez de cebolla en el mercado nacional.
Ante este “monstruo de la importación”, como lo han querido bautizar los productores panameños, gremios como la Acpta se ha declarado en estado de alerta en defensa de la soberanía agro alimentaria.
En los próximos días los productores de Tierras Altas realizarán en campo un inventario que abarcará los rubros papa y cebolla, de forma tal que dichos productos no sean desplazados por importaciones.
"En los próximos días se realizará en campo un inventario que abarcará los rubros papa y cebolla, de forma tal que dichos productos no sean desplazados por importaciones y tengan cabida en el mercado nacional”, señaló un comunicado de la Acpta, que lleva la firma de su presidente Augusto Jiménez y en donde anuncian la referida fijación de precios en el quintal de cebolla.
El administrador de la Acodeco afirma que antes estas declaraciones públicas han iniciado las investigaciones de rigor tras reconocer que en una reunión acordaron establecer un precio de $0.65 la libra (o $65 el quintal) para la cebolla, lo que a su juicio es una violación flagrante de la ley competencia.
García Cardoze aclaró que evidentemente para imponer cualquier multa tienen que presentar demandas en los tribunales y cuando haya un fallo en firme entonces sancionar.
El funcionario indicó que se podría haber incurrido en una práctica monopolística o colusión, como también se le llama, la cual está regulada en el artículo 13 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 que indica que es ílicito entre las empresas o productores ponerse de acuerdo para, entre otros asuntos, fijar los precios, lo que los mismos productores declararon que hicieron a inicios de esta semana y que al final perjudicaría al consumidor.
Uno de los planteamientos de García Cardoze es que no observa una reducción en el precio del producto como aseguran los productores.
El administrador general de la Acodeco se basa en el hecho de que antes del 6 de julio —cuando se establecieron los nuevos precios topes en 22 productos de la canasta básica de alimentos— la cebolla estuvo en $0.60 la libra, lo que indica que hace un mes los productores tenían que estar vendiendo por debajo de ese precio en campo.
Las consideraciones del jefe de Acodeco apuntan que en la cadena de comercialización el precio puede ir en ascenso por efecto de las ganancias que aspiran obtener el distribuidor y los intermediarios.
Al mismo tiempo, es de la opinión que fijar un precio traería como consecuencia que otros productores vendan más barato de lo acordado.
PRODUCTORES SE DEFIENDEN
Ante la posibilidad de que los productores enfrenten un proceso por colusión, la Acpta aclaró en un segundo comunicado que su actuar no ha sido como lo expresa el funcionario de la Acodeco, sino al contrario que como gremio organizado, responsable y serio ha salido al frente de la crisis de la cebolla nacional estableciendo “un precio de referencia tope” de $65 el quintal, dejando claro que la comercialización del producto dependerá de su clasificación, oferta, demanda y la libre competencia.
“En Tierras Altas desde hace mucho tiempo para todos los rubros existe un precio de referencia, los cuales puede variar con base a la calidad del producto y los factores de demanda, oferta y libre competencia”, señala la Acpta en el comunicado que emitió el jueves 28 de julio.
“Lamentamos que el funcionario público que administra Acodeco desconozca el día a día del agro panameño y en vez de informarse se haya dado a la tarea de interponer demandas a una asociación que se preocupó por el pueblo panameño bajando el precio de referencia de la cebolla nacional para beneficio de todo”, dice el comunicado.
Ante los cuestionamientos surgidos por esta asociación, la Acodeco colgaba en las redes sociales al finalizar la semana el artículo 13 de la Ley 45 de competencia que prohíbe a los competidores acordar, pactar o fijar precios.
Augusto Jiménez, presidente de la Acpta, dijo a este diario que están esperando que se concrete el proceso en contra de los productores, para que el equipo legal lo analice y poder proceder, pero mientras tanto informó que harían varias “manifestaciones pacíficas” vendiendo la cebolla a precios bajos en lugares públicos y el dinero recolectado sería para pagar la defensa del equipo legal.
“Así como inician un proceso para demandar a los productores, también deben traer tecnología”, dijo Jiménez tras criticar el proceder del directivo de la Acodeco e informar que ellos lleva tres años y medio solicitando una partida presupuestaria para cubrir un centro de pos cosecha y contar con el equipo que pueda almacenar y mantener en óptimas condiciones las papas que producen.
Pero los cuestionamientos de Jiménez están dirigidos específicamente a las importaciones que están acabando con el productor nacional y que a pesar de ello, aún el panameño tiene que seguir pagando $1.50 y $2.00 la libra de cebolla, cuando no se justifica por las grandes cantidades que se traen de afuera.
“Aquí hay una especulación al más alto nivel y eso no lo genera los productores”, afirmó el dirigente.
MINISTRO INTERVENDRÁ EN CONFLICTO
El ministro de Desarrollo Agropecuario, Enrique Carles, anunció que conversara con el administrador de Acodeco, Óscar García Cardoze, para que no aplique la medida de demandar a los productores porque a su consideración no es lo mejor ni lo correcto.
Añadió que no le ve la necesidad de actuar de esa forma, porque es un tema de regulación de oferta y que se tenga que llegar a ese extremo.
“No creo que tengamos que llegar a demandas monopolísticas de precios a productos agropecuarios”, afirmó el nuevo jefe de la cartera agropecuaria.
Los productores de Tierras Altas, de la provincia de Chiriquí, pidieron por su parte la renuncia del administrador de la Acodeco porque declaró recientemente que va a demandarlos por bajar el precio de la cebolla.
El presidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas, Augusto Jiménez, dijo que piden la destitución de García porque consideran que en materia agropecuaria tiene un total desconocimiento, al tiempo que le solicitan que se asesore mejor en ese sentido.
Añade que el bien común prevalece y consideran que al mantener el precio de la cebolla en $0.65 y no a $0.80 es en beneficio para el consumidor y no se ha cometido ningún delito.
Jiménez afirmó que García Cardoze mintió al indicar que en una reunión los productores habían solicitado la importación y es totalmente falso. “Nosotros estamos esperando que nos demande, porque queremos saber a quien o a qué intereses García verdaderamente responde, porque con estas declaraciones definitivamente que al consumidor no defiende”, afirmó.
(Con información de Sandra Alicia Rivera)
