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¿Qué determina el estándar de la OCDE?

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Gian Castillero, asesor de Cancillería. Gian Castillero, asesor de Cancillería.
Gian Castillero, asesor de Cancillería. LA PRENSA/Archivo

Luego de la difusión de una investigación periodística internacional que reveló que sociedades constituidas por el bufete panameño Mossack Fonseca habrían sido utilizadas por líderes políticos, deportistas de élite y empresarios de todo el mundo para ocultar patrimonios a las autoridades fiscales de sus países, varios países europeos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtieron a Panamá de la necesidad de mayor cooperación para combatir la evasión fiscal. 

Solicitaron al país un compromiso con el intercambio de información financiera de manera automática de acuerdo con el nuevo estándar propuesto por la OCDE y que ya ha sido aceptado por 94 países.

En septiembre de 2015, el presidente Juan Carlos Varela anunció que Panamá se comprometía con el intercambio automático de información financiera, pero con una serie de condiciones.

Panamá quería reservarse el derecho de negociar no solo con qué país compartir la información sino también qué se compartía y a través de qué mecanismos, explicó el asesor de la Cancillería Gian Castillero. Por tanto, Panamá, aunque sí se había comprometido con el intercambio automático, no lo había hecho con el estándar de la OCDE, denominado Normas Comunes de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés). Esta posición no fue aceptada por la OCDE, que aspira a que los mecanismos de intercambio de información estén uniformizados.

Luego de la publicación de la investigación global sobre las sociedades offshore y elevada la presión internacional sobre el país, el Gobierno ha decidido adoptar el CRS.

Varela comentó durante su visita oficial a Japón que Panamá comenzaría el intercambio automático a partir de 2018.

Panamá entraría por tanto en el segundo grupo de países en implementar este mecanismo; los primeros lo harán desde 2017. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, dio la bienvenida al anuncio de Panamá, aunque todavía el Gobierno no ha comunicado formalmente su compromiso al organismo internacional.

Castillero explica que moverse a adoptar la metodología del CRS “sería como prepactar de antemano qué información te doy y cómo te lo doy”. Panamá solo se estaría reservando el derecho de con quién se comparte.

Aunque también hay un modelo de intercambio de manera multilateral, es decir, con varios países a la vez, la OCDE estaría aceptando que se haga de forma bilateral. El objetivo de Panamá es mantenerse en este nivel, aunque se ha mostrado dispuesto a participar en discusiones sobre los mecanismos multilaterales. 

Representantes del Gobierno explicaron ayer a excancilleres, exasesores gubernamentales y empresarios la estrategia diplomática que seguirá el país para defender la plataforma financiera y de servicios internacionales.

En el acto, presidido por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, Castillero presentó los recientes avances del país en materia de transparencia y cooperación internacional, entre ellos los acuerdos de intercambio de información y el fortalecimiento de las normativas “Conoce tu cliente” para los sectores financieros y no financieros. Algunas de estas medidas fueron aprobadas como parte del plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en junio de 2014 que tenía como objetivo fortalecer el marco legal en la prevención del lavado de capitales.

Completado ese plan de acción y actualizado el marco legal, en febrero de este año el GAFI retiró a Panamá de su lista gris.

En un comunicado emitido el 14 de abril, el brazo latinoamericano del GAFI dijo que en 2014 estaba “suficientemente preocupado con relación a las deficiencias de Panamá”.

No obstante, admitió que “recientemente, Panamá ha realizado un esfuerzo considerable en mejorar su sistema de prevención del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, lo que incluyó la modificación de su ordenamiento legal, mismo que ha sido reconocido por el GAFI” y recordó que el país volverá a ser evaluado en 2017.

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