Dos consorcios ofertan en polémica licitación de comida de reos

Quien evitó a referirse a los cuestionamientos de que la licitación, por $101.6 millones, excluía a empresas locales, fue el ministro Jorge Ricardo Fábrega. “Estamos en un país de derecho y pueden reclamar”, fue su corta respuesta.

Solo dos consorcios extranjeros participaron la mañana de este viernes, 12 de octubre, en la polémica licitación millonaria para proporcionar alimentos a los presos y custodios de las cárceles de Panamá y Colón, durante los próximos siete años. 

Se trata del grupo colombiano Iberoamericana de Alimentos y Servicios, S.A. (Ibeaser) y la empresa Alimentos Prácticos, S.A. (Aliprac) de El Salvador. 

El consorcio Ibeaser ofertó proporcionar tres comidas al reo por $3.15, precio tope que estableció el Ministerio de Gobierno (Mingob) en el pliego de cargos. Mientras que Aliprac ofertó suministrar tres comidas por $2.99. 

Tras la presentación de las propuestas, el Mingob nombró una comisión evaluadora integrada por miembros de esa entidad y de la Caja de Seguro Social, que valorarán las ofertas en un periodo de dos semanas prorrogables. 

Quien evitó a referirse a los cuestionamientos de que la licitación, por $101.6 millones, excluía a empresas locales, fue el ministro Jorge Ricardo Fábrega. 

“Estamos en un país de derecho y pueden reclamar”, fue su corta respuesta. Este acto público mantiene confrontadas a las empresas interesadas en el contrato, luego de que en PanamáCompra se publicaran las bases de esta licitación con términos inusuales en Panamá, pero de uso regular en Colombia. 

“Agua de panela” en vez de raspadura; “arepa” en vez de tortilla; “menajes” en vez de utensilios, o “minuta patrón” para referirse a la guía o plan alimentario, son algunos de los términos colombianos que se “colaron” en los documentos de la licitación. 

La empresa Aliprac es la que ofrece en estos momentos ese servicio. Durante la administración de Martín Torrijos obtuvo el contrato directo por $23 millones para ofrecer la entrega de alimentos hasta el 31 de diciembre de 2009. 

Pero el gobierno de Ricardo Martinelli le extendió el contrato por $29 millones hasta el 31 de diciembre de 2012 tras ganar una licitación pública. El Mingob reveló que actualmente se le adeudan a esta empresa $3.2 millones. 

(Con información de Santiago Cumbrera)

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