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Corte Suprema de justicia EN LA MIRA

Sociedad civil pide alto a la impunidad

La sociedad civil organizada reclama a la Corte que falle sobre la inconstitucionalidad de la ley blindaje. El pleno de la Corte se reunirá hoy, cita en la que se podría abordar las demandas contra la Ley 55 de 2012.

Agrupaciones piden al presidente Varela que nombre ‘cuanto antes’ a los dos magistrados de la Corte que faltan por designar.

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Unas 20 organizaciones de la sociedad ciivil se reunieron ayer para exigir al presidente Juan Carlos Varela la designación en la Corte Suprema de Justicia de magistrados ‘honestos y eficientes’.  Unas 20 organizaciones de la sociedad ciivil se reunieron ayer para exigir al presidente Juan Carlos Varela la designación en la Corte Suprema de Justicia de magistrados ‘honestos y eficientes’.

Unas 20 organizaciones de la sociedad ciivil se reunieron ayer para exigir al presidente Juan Carlos Varela la designación en la Corte Suprema de Justicia de magistrados ‘honestos y eficientes’. Foto por: LA PRENSA/Jorge Fernández

Un alto a la impunidad y un llamado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) "para que actúe y lleve a los estrados de la justicia" al expresidente Ricardo Martinelli, sobre quien pesa en esa esfera judicial 12 denuncias que lo vinculan a actos de corrupción y violación de los derechos humanos, fue hecho ayer por más de 20 organizaciones de la sociedad civil.

“La lentitud por parte de la Corte Suprema de Justicia en atender estas denuncias está generando percepción de impunidad y pone en peligro el derecho que tenemos los ciudadanos de conocer la verdad y que se imparta justicia”, señalaron las organizaciones en un comunicado en el que cuestionan que el exmandatario sigue sin ser requerido por la justicia y se encuentra fuera del país sin dar explicaciones. 

Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, pone en duda la credibilidad de la CSJ para hacer justicia porque la mayoría de sus magistrados fueron nombrados por Martinelli.

Tras cuestionar la sospechosa lentitud de la CSJ en estos procesos, Castillo advirtió que el presidente Juan Carlos Varela está perdiendo una gran oportunidad de nombrar a magistrados idóneos, transparentes y honestos.

El Ejecutivo tiene pendiente el nombramiento del reemplazo de los exmagistrados Alejandro Moncada Luna y de Víctor Benavides.

Sandra Escorcia, del Movimiento Institucional y Justicia, también hizo un llamado al presidente Varela “a actuar con valentía y nombrar personas capaces y decentes en la Corte”.

Yadira Pino, de la Asociación de Educadores Veragüenses, pidió al Ejecutivo que vete la ley blindaje para que vuelva a ser debatida en la Asamblea y se eliminen los privilegios a diputados, magistrados y al Presidente.

Alfredo Motta, del Movimiento Independiente, estimó que la sociedad está en un ‘punto de inflexión’ en el que puede tomar acciones de protestas para exigir que se haga justicia.

'BASTA DE FUEROS Y PRIVILEGIOS'

Corrupción, percepción de impunidad, rezago judicial, presos sin condena, poco presupuesto. A grandes rasgos es la radiografía del sistema judicial panameño, escenario que ha predominado por años.

Al menos así lo ve y entiende la sociedad civil organizada que ayer alzó su voz, una vez más, para clamar por justicia y un alto a la impunidad.

Ponen su mirada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), órgano del Estado que por estos días está en el ojo de la tormenta por ser el ente encargado de investigar al expresidente Ricardo Martinelli, actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), quien se fue del país en enero pasado.

Abogados, ambientalistas, educadores, trabajadores, empresarios y grupos juveniles convocados por el Movimiento Independiente (Movin) y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que a su vez está integrada por al menos 20 organizaciones, coinciden en que la Corte no le ha dado prioridad a estos procesos.

“Hacemos un llamado a la CSJ para que actúe y llame ante los estrados de la justicia al expresidente de la República Ricardo Martinelli. La lentitud por parte de la Corte en atender las denuncias está generando percepción de impunidad y pone en peligro el derecho que tenemos los ciudadanos de conocer la verdad y que se imparta justicia”, asegura un comunicado leído ayer por representantes de esas organizaciones.

Yadira Pino, de la Asociación de Educadores Veragüenses, planteó que si los magistrados de la Corte “no pueden con el trabajo de administrar justicia de forma rápida y expedita deben renunciar a sus cargos”.

LOS CASOS

En la CSJ, de acuerdo con información que se ha hecho pública, existen al menos 12 procesos que vinculan al exmandatario. Solo 3 de estos casos han sido admitidos y uno de ellos, está paralizado (ver infografía).

Este último se trata del proceso relacionado con la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), por $44.9 millones, adquirida durante la administración pasada. Oydén Ortega, magistrado fiscal a cargo de este proceso, presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 491-A de la Ley 55 de 2012 [ley blindaje], que limita a dos meses el término para investigar a los diputados y hasta el momento el tema no ha sido abordado por el pleno de la Corte.

LEY BLINDAJE

Precisamente la ley blindaje es otro de los temas que está en la mirada de la sociedad civil organizada. “Solicitamos a los magistrados de la Corte que fallen sobre la inconstitucionalidad de toda la ley blindaje, ya que la misma sigue afectando las investigaciones contra diputados y miembros del Parlacen”, dijeron.

 

 

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Sociedad civil pide alto a la impunidad

 

 

Desde el pasado 13 de agosto, el pleno de la CSJ decidió que se debían acumular las cuatro demandas de inconstitucionalidad presentadas contra cuatro artículos de esta norma. La acumulación se ordenó cuando había un fallo -que solo le faltaba la firma de uno de los nueve magistrados- que resolvía dos de las demandas, presentadas en 2013 por Carlos Rubio, entonces candidato a diputado por el Partido Popular.

Las otras dos demandas fueron interpuestas este año por el abogado Silvio Quiñones y por el magistrado Ortega. La ponente de estos dos recursos era la magistrada Gisela Agurto, pero con la acumulación se nombró como ponente al magistrado Hernán De León.

Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que De León aún no ha puesto a circular un proyecto de fallo para lectura de sus otros colegas del pleno de la CSJ. 

Las fuentes precisaron que el pasado viernes 11 de septiembre se cumplió el plazo para presentar alegatos como parte de la última demanda presentada el 2 de julio pasado por Ortega, en funciones de magistrado fiscal de la investigación seguida a Martinelli por la compra de alimentos deshidratados. 

Cumplida la fase de alegatos, se debía emitir una resolución en la que se ordene formalmente la acumulación. Sin embargo, en la agenda del pleno ordinario de la CSJ, a celebrarse hoy, De León incluyó la discusión de la acumulación de las cuatro demandas.

SOLICITUD AL EJECUTIVO

Los activistas de la sociedad civil aprovecharon para pedirle al presidente de la República, Juan Carlos Varela, que “vete” la “nueva ley blindaje”. Dijeron que esto obligaría a la Asamblea Nacional a discutir nuevamente este tema, “tomando en consideración que los diputados deben enfrentar la justicia como todos los ciudadanos, sin fueros ni privilegios”.

A Varela también le exigieron que designe “cuanto antes” a los dos magistrados que necesita la Corte Suprema de Justicia, cuyos nombramientos deben ser realizados con “transparencia y consulta ciudadana” para mejorar la imagen de la Corte. Se trata de los reemplazos de los exmagistrados Alejandro Moncada Luna, preso en la cárcel El Renacer por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos; y de Víctor Benavides, quien renunció a la Corte en medio de una investigación de la Asamblea Nacional por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y la libertad sexual.

Alfredo Motta, de Movin, dijo que existe “una decepción generalizada” por los magistrados de la Corte, jueces y administradores de justicias. Prueba de ello, manifestó, son los procesos seguidos al expresidente Ricardo Martinelli que se encuentran paralizados “por tecnicismos legales”.

Aunque no estuvo en la conferencia de prensa convocada ayer por las organizaciones, la exmagistrada de la CSJ Esmeralda Arosemena de Troitiño también se refiere al asunto.

Sostiene, por ejemplo, que un sistema de justicia debe asegurar respuesta efectiva ante los actos de corrupción.

“Si el sistema no se moviliza en el desarrollo de la investigación, los panameños deben exigirle al sistema de justicia respuestas en derecho y apegadas al cumplimiento de las responsabilidades que el sistema judicial tiene”, argumentó.

Otro que también habló ayer sobre el particular fue Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano. La administración de justicia en Panamá, dijo, “es una pesadilla de vieja data”. Recordó que todas las administraciones que entran al Órgano Judicial hablan de mejorar la eficiencia en la Corte, pero eso no ha sido así. A su juicio, la administración de justicia debe ser “oportuna”. “Ni rápida ni lenta”, manifestó. En cuanto a los casos de alto perfil que tiene pendiente el Órgano Judicial, dijo: “yo no sé si están esperando que los llamen, que le ofrezcan... están dilatando los casos... están parados”.

Por su lado, la educadora Maui de Saint Malo opinó que “la justicia en el país anda mal”. “He dicho que hay Corte Suprema sin justicia”, mencionó.

REFORMA JUDICIAL Y PACTO DE ESTADO

El pronunciamiento de la sociedad civil surge apenas seis días después de que representantes de los distintos órganos del Estado, y miembros de la sociedad civil se reunieran para abordar temas relacionados con la agenda judicial.

La reunión fue convocada por el procurador de la Administración, Rigoberto González. Intentan reactivar el Pacto de Estado por la Justicia, iniciativa que se gestó en 2005, y que fue acogida por los presidentes de los tres poderes del Estado con el propósito de reformar la justicia. El magistrado de la Corte, Harley Mitchell, quien asistió a la cita en representación del Órgano Judicial, recordó, por ejemplo, que la ley de carrera judicial, sancionada recientemente por el Ejecutivo, es un esfuerzo de ese pacto.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, quien asistió a la reunión en representación del Ejecutivo, dijo que tienen la intención de aportar a los temas que aquejan a la administración de justicia, “con miras a perfeccionarlos”. “Vemos que los problemas que aquejan a la justicia no se van a solucionar de un día para otro, pero estimamos que trabajando de manera armónica con el Órgano Judicial, con la Procuraduría de la Administración, la Procuraduría General de la Nación, y el Colegio Nacional de Abogados, podemos tomar decisiones con miras a adecentar la administración de justicia que tanto reclama el país”.

Santander Tristán, quien representó al Colegio Nacional de Abogados, dijo que en este foro se debatirá el método de selección de magistrados de la Corte, así como la implementación de la carrera judicial. Le dan seguimiento al Tribunal de Integridad y Transparencia, que nace con la ley de carrera judicial. Esta instancia tratará los temas éticos y disciplinarios de los magistrados y funcionarios judiciales.

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