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escándalo financiero

Exigen a Ayú Prado impedirse en caso Financial Pacific

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José Ayú Prado en julio de 2012, en su rol de procurador general de la Nación, conversa con el entonces presidente Ricardo Martinelli. Meses después fue nombrado magistrado de la Corte. José Ayú Prado en julio de 2012, en su rol de procurador general de la Nación,  conversa con el entonces presidente Ricardo Martinelli. Meses después fue  nombrado    magistrado de la Corte.
José Ayú Prado en julio de 2012, en su rol de procurador general de la Nación, conversa con el entonces presidente Ricardo Martinelli. Meses después fue nombrado magistrado de la Corte.

Tras conocerse que el magistrado presidente de la Corte Suprema, José Ayú Prado, será el juez de garantías en el caso Financial Pacific (FP), en el que se vincula al expresidente Ricardo Martinelli, sectores de la sociedad civil le exigen que se declare impedido de actuar.

Mayté Pellegrini, una de las protagonistas de esta trama, reiteró ayer su denuncia de que Ayú Prado en su rol de procurador participó en la elaboración de una declaración en la que se intentó desvincular a Martinelli de este caso.

LA SOMBRA

La sombra del caso Financial Pacific (FP) no deja de perseguir al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado.

El pasado miércoles 23 de septiembre, el pleno de la CSJ admitió dos expedientes en los que se vincula al expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano Ricardo Martinelli. El primero guarda relación con las pesquisas que sigue el Ministerio Público (MP) por la supuesta comisión del delito de peculado en cobros ilegales de Cobranzas del Istmo.

Y el segundo proceso tiene que ver con una nota enviada a la Corte por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el 29 de junio pasado, en la que se pidió investigar la posible comisión de delitos financieros a través de cuentas que manejaba la casa de valores FP. Se examinan presuntas irregularidades en el uso de información supuestamente privilegiada para la compraventa de acciones de la minera Petaquilla, a través de FP, en cuentas ligadas a Martinelli, familiares y socios. Ayú Prado será el juez de garantías y Hernán De León, el fiscal.

Pero, voces de la sociedad civil cuestionan esta decisión de la máxima corporación de justicia, a la luz del papel que tuvo el hoy presidente de la Corte en la trama de presunta corrupción. El 22 de noviembre de 2012, Mayté Pellegrini, exempleada de confianza de FP e investigada en este proceso, dijo que en la casa de valores había una cuenta llamada High Spirit que era de Martinelli y se usaba para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla Minerals. Sin embargo, en ampliación de indagatoria del caso que en ese momento estaba a cargo del MP, Pellegrini se retractó de lo dicho.

En julio de 2013, desde la cárcel, Pellegrini escribió una carta que hizo llegar a este diario. Aseguró que esas no fueron sus palabras y que las había escrito el entonces procurador de la Nación José Ayú Prado, a cambio de su libertad.

“El 26 de diciembre de 2012, a las 4:30 p.m., un carro de la Presidencia apareció en la [Dirección de Investigación Judicial] de Ancón a buscarme para una supuesta declaración de la que yo no había sido notificada”, escribió. “Mi retractación fue escrita por [Ricardo] Ricki Solís y José Ayú Prado. Nada de lo que dije salió de mi boca, sino de la de ellos. Incluso, cuando estaba por salir me hicieron regresar y firmar nuevamente, porque habían olvidado algo”, contó.

No es el único papel que el hoy magistrado de la Corte habría tenido en FP. En los días en que estalló la trama, Ayú Prado recibió una carta con el membrete personal de Martinelli, en la que este le decía que tenía una cuenta en FP desde hacía más de 10 años y le pidió que esa información no fuera usada con fines políticos y no incidiera en la investigación del MP. A finales de 2012 el entonces procurador fue ascendido. Martinelli lo nombró magistrado de la CSJ y asumió este cargo en enero de 2013. Un año más tarde se convirtió en el presidente de la Corte.

Por eso, le exigen que se declare impedido. Annette Planells, del Movimiento Independiente, asegura que no da garantía ni objetividad que una persona que puede ser mencionada en el expediente sea el juez de garantías del mismo proceso. “Debe declararse impedido para que podamos tener confianza de que tanto la investigación, como un posible juzgamiento se dé en derecho”, destacó.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, manifestó que por situaciones menores algunos magistrados han solicitado declararse impedidos. “No sé si Ayú Prado en este caso lo haga, pero sería lo prudente, ya que en efecto, la señora Pellegrini lo ha mencionado en reiteradas ocasiones”, argumentó.

Mientras que el excontralor Alvin Weeden expresó que si Ayú Prado fue parte de ese proceso en la etapa de investigación en el MP, y además tuvo actuaciones previas que están en entredicho “lo más conveniente es que se separe de conocer ese caso”.

Si no lo hace, dijo, la opinión pública tendrá serias dudas del proceso.

Otra que se pronunció sobre el particular fue la propia Pellegrini. “Él [Ayú Prado] no solo está mencionado en este caso, sino en otros casos de corrupción a favor de Martinelli”, manifestó. “¿Qué nos garantiza de que él va a hacer un trabajo honesto?, él tiene que declararse impedido”, resaltó.

Pellegrini, quien tiene casa por cárcel mientras se le investiga en este proceso, consideró que si Ayú Prado se mantiene como juez de garantías “no habrá una actuación confiable y de justicia, y más cuando la imagen de él es la de una persona corrupta”. “Después de mi retractación, a las dos semanas, lo nombraron magistrado, recibió un premio”, dijo.

EL REPARTO

En marzo pasado, el pleno de la Corte acordó que en los procesos seguidos a diputados, el juez de garantías se escogería entre los magistrados miembros de la Sala Segunda de lo Penal; ellos son: Ayú Prado, Harry Díaz y Jerónimo Mejía.

Según fuentes judiciales, el reparto para definir al juez de garantías se haría por orden alfabético y por orden de admisión de expedientes, y siguiendo ese acuerdo del pleno, le correspondió a Ayú Prado esta función.

Se contactó al magistrado para saber si se va a declarar impedido, pero no respondió a las llamadas, sin embargo, Gloria Leiva, jefa de la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial, remitió un mensaje de texto del magistrado. “Por favor citen al denunciante o a la denunciante en lo de este asunto ante la Asamblea Nacional y si es posible la fecha de la denuncia contra mí. Y la fecha de la denuncia o querella en el MP sobre ese asunto. Nada más”.

El clamor ciudadano también se trasladó a las redes sociales. En Twitter también le exigían ayer al presidente de la Corte que se declare impedido. Con la campaña #justiciaorenucia le recordaban su participación en la trama del caso FP.

Ayú Prado mantiene una denuncia presentada en 2013 por la hoy diputada perredista Zulay Rodríguez, quien en ese momento lo acusó de obstruir la justicia, cuando fue procurador de la Nación, al presuntamente obligar a Mayté Pellegrini a retractarse de una primera declaración en la que vinculó a Martinelli con el escándalo de FP, a cambio de su libertad.

 

Fiscal apela y pide investigar a Salomón Shamah

La actuación de Ignacio Fábrega puso en riesgo al mercado de valores de Panamá, por la pérdida de confianza en el desarrollo de sus funciones. Así lo manifestó la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, en el escrito de apelación que presentó en el Juzgado Primero Penal, en donde pidió aumentar de cinco a ocho años la condena de prisión aplicada a Fábrega, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

El 3 de septiembre pasado, el juez Rolando Quesada Vallespi condenó a Fábrega por corrupción de funcionarios tras comprobarse que dio información confidencial a Financial Pacific (FP), cuando esta era investigada por la SMV.

Moore, la abogada Hilda Bonilla, defensora de Fábrega, y el jurista Jair Urriola, en representación de la SMV, anunciaron la apelación. En su escrito, al que este medio tuvo acceso, la fiscal argumentó que el juez no expuso las motivaciones jurídicas (sustento) para aplicar discrecionalmente la condena de seis años. Cuestiona que no se tomó en cuenta la magnitud de la lesión y la voluntad del daño que cometió Fábrega. Consideró que Fábrega evadió el proceso penal (estuvo más de cuatro meses prófugo) y no rindió indagatoria, lo que trajo como consecuencia que no comparecieran otras personas al expediente. En el juicio, celebrado el 25 de agosto pasado, la fiscal pidió la pena máxima de ocho años.

Ese día, Fábrega habló durante unos 20 minutos. Reveló que el expresidente Ricardo Martinelli y el exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá Salomón Shamah le pidieron que evitase la intervención de FP y que el entonces jefe de la SMV Juan Manuel Martans conocía de todas sus actuaciones. Quesada Vallespi ordenó compulsar (enviar) copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a Martinelli. Pero negó el envío de copias para investigar a Shamah y Martans porque debían ser investigados en el mismo expediente de Fábrega, pero ese sumario ya se concluyó. “Los involucrados son ciudadanos comunes y por un solo hecho no pueden ser investigados en procesos aparte”, expresó. Por esa razón, en la apelación, Moore pidió que se envíe la compulsa de copias para que se investiguen a todos los que fueron mencionados por Fábrega. “No puede ser posible que a pesar de la gravedad de los señalamientos hechos por Fábrega, la comunidad en general quede sin respuesta, máxime cuando se trataba de circunstancias totalmente desconocidas que deben ser esclarecidas”, señaló.

En una carta que Mayté Pellegrini, exempleada de FP, redactó cuando estaba en la cárcel, aseguró que no había sido puesta en libertad porque “debía pagar un millón de dólares a [Salomón] Salo Shamah, cosa que no hice”. “Es totalmente falso que haya intervenido”, dijo Shamah en su momento. Shamah también fue visto con West Valdés, directivo de FP, en los días en que estalló el escándalo. En la noche del 8 de enero de 2013, entregó un sobre a Valdés en el hotel Bristol.

Mientras que Bonilla coincidió con Moore en pedir que se compulsen copias para investigar a todos los señalados. “No valoró los motivos determinantes que obligaron al señor Ignacio Fábrega como lo fue que recibió instrucciones directas del entonces presidente Martinelli, para que la situación de FP se manejara con discreción y que ayudara a la empresa en lo que pudiese”, agregó. Solicitó una rebaja de la pena aplicada a su cliente alegando en que dio una declaración (en el juicio) en la que vinculó a otras personas. Además, dijo, nunca pudo evitar la intervención de FP, no tiene antecedentes penales y es un hombre de 69 años, hipertenso. Fábrega está detenido mientras se le da trámite a la apelación de su condena.

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