Entidades guatemaltecas acusan al Estado de criminalizar a defensores de DH

La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos sostiene que en 2011 hubo 402 ataques a activistas pro derechos humanos en Guatemala, entre ellos 19 asesinatos, y que se suman a las 2 mil 491 agresiones a defensores re

WASHINGTON, Estados Unidos. (EFE).- Entidades guatemaltecas acusaron este martes, 27 de marzo, al Estado de criminalizar la actividad de los defensores de los derechos humanos en el país, especialmente los vinculados a la población indígena y a la protección medioambiental.

La portavoz de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua) de Guatemala, Claudia Samayoa, aseguró que se producen detenciones sin respetar la presunción de inocencia y se acusa infundadamente a defensores de robo, lesiones e incluso asesinatos para justificar su detención.

"Son acusaciones falsas pero que desgastan al defensor", dijo Samayoa en su visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el problema.

La entidad que representa sostiene que en 2011 se produjeron 402 ataques a activistas pro derechos humanos en Guatemala, entre ellos 19 asesinatos, y que se suman a las 2 mil 491 agresiones a defensores registradas en los últimos 12 años.

NO HAY POLÍTICAS PÚBLICAS

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que compareció en la audiencia, considera que "Guatemala sigue sin implementar una verdadera política pública de protección de defensores".

El Estado considera que "no hay una política de criminalización de los defensores de los derechos humanos" y que "no hay ninguna limitación normativa a su tarea, ya que tienen garantías constitucionales", dijo el portavoz, Hugo Martínez.

Este miembro de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh) también destacó que en los últimos tiempos se han producido avances en este sentido y que "los ataques a los defensores no se encuentran en un limbo legal".

Los representantes gubernamentales reconocieron que hay "algunos aspectos estructurales que afronta el país" que deben ser mejorados en términos de seguridad y corrupción, entre los que citaron los altos índices de violencia, la criminalidad, la influencia de las pandillas juveniles y del narcotráfico.

"Es un proceso que no podemos cambiar de la noche a la mañana", sentenció Martínez, que alegó que "los acuerdos de paz no han logrado superar todas las causas que motivaron el conflicto interno en Guatemala, pero ha habido importantes avances hasta el momento".

El presidente de la audiencia de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, subrayó que "para salvaguardar la importante labor de los defensores es básico combatir la impunidad de las agresiones de las que podrían haber sido objeto", pero celebró "los avances" registrados en la justicia guatemalteca.

En este sentido, este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que vela por los derechos humanos en la región, destacó hoy en un comunicado los "importantes avances en materia de derechos humanos en Guatemala, especialmente en las investigaciones de graves crÍmenes de la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno".

La evaluación responde a la visita al país centroamericano de la comisionada Dinah Shelton que, sin embargo, lamentó "la grave situación" de los pueblos indígenas por la falta de medidas estatales para garantizar sus derechos sobre la tierra y los recursos naturales.

Aparte de los activistas pro derechos humanos, los peticionarios aseguraron que la totalidad de casos de amenazas y violaciones de derechos a sindicalistas y periodistas ha quedado impunes.

El Estado de Guatemala replicó que se ha establecido un protocolo para la protección de los periodistas que ejercen en el país.

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