España cancela atención de salud gratuita a inmigrantes ilegales

Entre los críticos del retiro de las tarjetas están las organizaciones activistas Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y sem FYC, que señalaron que la reforma vulnera los derechos humanos.

MADRID, España. (REUTERS).- España dejó hoy sábado, 1 de septiembre, de prestar atención sanitaria gratuita a los inmigrantes ilegales, una de las medidas de recorte más polémicas emprendidas por el Gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy para cumplir con su objetivo de reducción del déficit fiscal impuesto por la Unión Europea.

El fin de la renovación de tarjetas sanitarias a personas "sin papeles" -una medida con la que Madrid calcula ahorrar unos 500 millones de euros ($628 millones)- ha chocado con la oposición de numerosos grupos sociales y de los médicos, que dijeron que seguirán atendiendo a aquellos pacientes que se queden fuera del sistema.

La portavoz del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría explicó en rueda de prensa que la cobertura se restringirá a los inmigrantes en situación irregular que ahora tendrán "derecho a una asistencia sanitaria (de urgencia), pero no utilizando una tarjeta sanitaria que (también) confiere derechos a sus familiares".

"No va a haber desatención sanitaria", dijo Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros del viernes, recordando que el sistema seguirá prestando servicios de salud a "menores, mujeres embarazadas, casos de urgencia, tratamientos de esos casos de urgencia, además de prevención y control de enfermedades transmisibles".

El plan de reformas aplicadas al sistema sanitario español, con el que el Ejecutivo busca un ahorro total de 7 mil millones de euros ($8 mil 803 millones), incluye además el copago de recetas farmacéuticas que entró en vigor en julio pasado, medidas sobre la atención a turistas -para reducir los costos en mil millones (mil 257 millones de dólares)- y el aumento de la coordinación entre comunidades.

Entre los críticos al retiro de las tarjetas están las organizaciones activistas Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y sem FYC, que señalaron que la reforma vulnera los derechos humanos. 

"Cuando entre en vigor, España incurrirá en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud de los colectivos más vulnerables (...) y por ser una medida regresiva y discriminatoria", explicaron ayer, viernes, en un comunicado conjunto. 

Según las organizaciones, esta decisión "podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud".

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