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EL MALCONTENTO

Pobres contra pobres: Paco Gómez Nadal

Pobres contra pobres: Paco Gómez Nadal Pobres contra pobres: Paco Gómez Nadal
Pobres contra pobres: Paco Gómez Nadal

Ricardo Martinelli entendió muy bien que si quería reprimir necesitaba cuidar un poco a las fuerzas represoras. Nuevos carros, mejores salarios y una especie de bula presidencial fue lo que le entregó el exmandatario a la Policía Nacional, con el beneplácito entonces de quien era su vicepresidente y que ahora ha olvidado que lo fue. Ahora, aquel vicepresidente metido a asuntos presidenciales, Juan Carlos Varela, ha seguido el ejemplo de quien fuera su jefe durante un par de años y sigue utilizando y premiando a la Policía para estar seguro de que, ante la legítima protesta social, siempre podrá utilizar la coerción y la violencia antes que el diálogo y la inteligencia. El Decreto 302 de jubilaciones especiales para los supercomisionados de la Policía Nacional va en esa línea, al igual que las declaraciones públicas en las que el mandatario considera que una piedra sobre un agente de policía duele más que los gases lacrimógenos o los toletes sobre la piel de las ciudadanas y ciudadanos ngäbe-buglé.

El poder se copia a sí mismo y tiende a perfeccionarse; es decir, a pervertirse. Panamá tiene una de las tasas más altas de agentes policiales por cada 100 mil habitantes, rozando los 400. En total, tenemos 18 mil 604 funcionarios de la Policía Nacional a los que habría que sumar los del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el cuerpo militarizado en el país sin ejército, y los del Servicio Nacional Aeronaval. Un auténtico ejército que es incapaz de frenar los delitos relacionados con el crimen organizado o de evitar tiroteos y ajustes de cuentas en pleno centro de la capital. Eso sí, ese contingente, cada vez mejor pagado y vestido, sí es eficiente a la hora de abrir calles cuando los ciudadanos protestan, utilizando métodos más o menos desproporcionados.

Martinelli les mandó un mensaje claro cuando se produjeron los sucesos de Bocas del Toro de 2010 o los choques con población civil de 2011 y 2012 en San Félix o en Colón: “Hagan lo que quieran que para ustedes hay impunidad”.

Solo conocemos un caso de condena seria por violación de derechos humanos y, probablemente, no existiría si los agentes que mataron a cinco muchachos en el Centro de Menores de Tocumen no hubieran sido tan brutales frente a las cámaras de televisión. Y pagaron, como siempre, los agentes de base, ningún autor intelectual.

No conocemos ningún proceso abierto por violación de derechos humanos a jefes policiales superiores ni a ministros, solo delitos relacionados con corrupción posesión de armas y demás milongas. No ha habido consecuencias legales ante las violaciones de mujeres ngäbe en los centros de detención en aquellos años y los cientos de heridos se han tratado de silenciar con regalos y no con justicia. Varela no ha cambiado ese estado de cosas.

La Policía Nacional de Panamá y el Senafront siguen teniendo licencia para abusar de la población que juraron proteger. Habría que preguntarse sobre el porqué de ese uso desproporcionado de la fuerza de pobres contra pobres, de agentes salidos de la nada contra ciudadanos que nada importan a las autoridades. Creo que cuando la Policía ejerce la violencia, como lo ha hecho con los protestantes por la hidroeléctrica de Barro Blanco, es la muestra del fracaso de la política, la demostración de que se ha optado por la opción más tosca para la resolución de los conflictos que, por otra parte, siempre van a existir. Para el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, es “lógico y natural” que haya heridos cuando la Policía actúa. Lo natural tiene poco que ver con la ley o con los criterios internacionales del uso proporcionado de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. No hay choque entre dos partes, como suele decir el ministro, cuando una de esas partes va armada hasta los dientes y la otra parte se defiende con palos y piedras.

No dudo de la buena voluntad de muchos agentes de Policía. Tampoco dudo de que para muchos ese trabajo no responde a una vocación personal sino a una necesidad de empleo. De quiénes dudo es de muchos de los comisionados, de los sucesivos ministros que han utilizado la Policía como un cuerpo privado o del presidente que sigue pensando que cerrar una carretera por unas horas para hacerse escuchar es un delito y que inundar las casas y los cultivos de cientos de personas humildes es desarrollo.

En Panamá, cuando los más excluidos gritan y tratan de defender sus derechos se les manda a pobres como ellos pero vestidos de uniforme para que la sangre no salpique en los elegantes trajes del poder político y económico. Es triste que no se haya aprovechado el periodo de bonanza económica para avanzar en el bienestar y en el disfrute “natural” de los derechos humanos individuales y colectivos.

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